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Fue el 12 de noviembre de 2015, cinco meses después de que capturaran a Marcelo Odebrecht en Brasil por el escándalo de Lava Jato, cuando la junta directiva del Banco Agrario aprobó el irregular crédito por $120.000 millones al Consorció Navelena, propiedad de Odebrecht. Y solo hasta la semana pasada la Superintendencia Financiera dejó en firme las primeras sanciones.
Las siete sanciones sobre el caso Navelena, resueltas en apelación el pasado 21 de agosto, recaen solo sobre mandos medios sin tocar a la Junta Directiva, cuyos miembros sí fueron sacionados hace meses por la Procuraduría General de la Nación. ¿Por que un ente no especializado como la Procuraduría sí ve las conductas sancionables de la Junta Directiva, mientras un ente especializado como Superfinanciera no las ve?
Se denunció ante la Superfinanciera, desde febrero del año 2017, el evidente conflicto de intereses entre Francisco Estupiñán y Andres Estupiñán, padre e hijo respectivamente, en la celebración del contrato de fiducia en garantía para el otorgamiento de ese irregular crédito, pero hasta la fecha nada ha pasado. El primero actuó como miembro “independiente” de esa Junta Directiva y el segundo como Presidente de Fiduciaria de Occidente, pertenciente al Grupo Aval y gran beneficiario del crédito, pues $50.000 millones llegaron al Banco de Occidente tambien perteneciente al Grupo Aval, para saldar la deuda que Odebrecht le tenía por cuenta de Navelena. ¿Negocios de familia y grupo económico con dineros públicos?
Hasta la fecha la Superfinanciera no ha impuesto sanciones por las flagrantes violaciones al Sistema de Administración del Riesgo de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y que fueron evidenciadas por el fallecido Jorge Enrique Pizano en el manejo de recursos en Ruta del Sol Dos por intermedio de Corficolombiana y Banco de Bogotá ¿Por que?
Los bancos en Colombia no cumplen los mínimos de solvencia exigidos por Basilea III, pero la Superfinanciera les ha dado plazo hasta el año 2024. Además, ha pasado de agache y sin objetar en lo mas mínimo el Decreto 1385 del año 2015, que permite los autopréstamos con los ahorros de pensiones privadas que administran las AFP, y ha justificado el Decreto 1486 de 2018, que permite que Luis Carlos Sarmiento le compre y le venda acciones a su propia AFP Porvenir. ¿Es el buen Gobierno Corporativo solo una fachada?
@jrobertoacosta1; jrobertoacostaopinion@gmail.com
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