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LO QUE ESTÁ PASANDO EN BOGOTÁ es una infamia. Además de la pobreza y la inseguridad, transitar en la ciudad se ha vuelto imposible, y la olla podrida de la contratación distrital está que estalla. La ciudadanía no soporta más el deterioro en su movilidad y en su calidad de vida, y es bueno que se diga en voz alta.
Sin duda, el estado de las calles en Bogotá produce horror. La improvisación en el plan de obras viales salta a la vista, y el retraso en su ejecución tiene a la ciudad al borde de la parálisis total. Las calles, carreras, rutas y avenidas de la capital lucen destruidas, sometidas a reparos que, con suerte, tardarán años en concretarse. Mientras tanto, las vías secundarias que se están usando viven en estado de congestión permanente, y además soportan un castigo tan inclemente que se están agrietando a pasos agigantados. El resultado será el círculo vicioso más temido por los bogotanos: las calles actuales que están en servicio van a quedar tan averiadas que se tendrán que reparar cuando las primeras queden concluidas, y cuando aquéllas estén finalmente listas, habrá que restaurar otra vez las nuevas, y así ad infinitum.
La Alcaldía le ha restado importancia al malestar popular, diciendo que se trata de un problema de ricos, pues los afectados por las obras sólo son el 14 por ciento de la población que posee un automóvil. Nada más falso. En esta situación, como sucede siempre, las personas menos pudientes son las más perjudicadas, pues los ricos sortean el obstáculo del Pico y Placa comprando otro automóvil, mientras que la inmensa mayoría de la población está condenada a utilizar un transporte público que no tiene por dónde avanzar. La gente dura horas en llegar a su trabajo y después horas más de regreso a su casa. Los discapacitados no disponen de rampas ni de mecanismos para facilitar su traslado, y hay más de mil obras en marcha en Bogotá. Si se suman los aguaceros que no dan tregua, transitar en la capital se ha vuelto un tormento infernal.
Las pérdidas por el caos vehicular son inmensas. Según los estudios más recientes la gente en Bogotá pierde alrededor de 500 horas anuales en trancones, lo que equivale a más de 20 días al año. Se dejan de producir 6.000 millones de pesos diarios por el mismo motivo, y los ciudadanos tienen menos tiempo para trabajar, producir, descansar y estar en familia.
Sin embargo, lo más evidente en Bogotá es el contraste entre el sector público y el sector privado. Mientras que la administración pública parece enfrascada en disputas políticas, naufragando en el creciente escándalo de la contratación distrital, e indiferente a la parálisis física que la ciudadanía sufre a diario, el sector privado está reformando la ciudad. Cada día hay más edificios, hoteles, oficinas, restaurantes, locales, bares, almacenes, tiendas y centros comerciales. La vitalidad económica del país es innegable, pero la pujanza del sector privado está limitada por la incompetencia del gobierno distrital. De funcionar la administración pública, reglamentando y facilitando el progreso, la realidad de Bogotá sería otra. Ninguna ciudad se merece este maltrato, y ya me imagino el lema para el próximo candidato a la Alcaldía: “Esta vez, vote bien”.