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Colombia es un país de grandes virtudes y también de grandes infamias. Y una de las peores (que ya es decir mucho) es el horror de los falsos positivos cometidos durante el gobierno de Álvaro Uribe.
El presidente de entonces, al ser cuestionado sobre estas personas humildes desaparecidas por las fuerzas del orden, contribuyó a extender una sombra de duda sobre lo ocurrido, reforzando la tesis de que esas atrocidades no eran ciertas, o que la muerte de esta gente indefensa era merecida aun si no eran guerrilleros muertos en combate. Porque “no estarían recogiendo café”, famosamente declaró en sorna.
Pero ahora ante la JEP los militares encargados de desaparecer a esas personas, todas sin recursos, han confesado sus delitos y lo han hecho delante de los familiares de las víctimas, cara a cara, y las escenas han sido desgarradoras.
Ya se realizaron las primeras audiencias entre víctimas y victimarios. Hay 14 miembros de la Fuerza Pública acusados del asesinato y la desaparición de cinco jóvenes en Soacha, Cundinamarca (todos entre 17 y 25 años), ocurridos entre enero y agosto de 2008; muchachos raptados y asesinados en Ocaña, Norte de Santander, acusados de ser guerrilleros caídos en combate.
Está el coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, vinculado al caso anterior, y con 16 procesos más en su contra por falsos positivos. Y en Casanare 11 militares que formaban parte del Gaula del Ejército ya pidieron perdón por 13 casos de falsos positivos. Varios son suboficiales y soldados rasos que enfrentan los cargos, mientras los altos mandos que crearon este sistema atroz y ordenaron las ejecuciones extrajudiciales no están presentes en los juicios.
En Colombia este drama forma parte de una tragedia mayor, que son todos los desaparecidos por actos violentos. Se estima que hay más de 86.000 desaparecidos en el país. Pero el de los falsos positivos es particularmente infame porque, como dijo una de las madres de las víctimas, “las FF. AA. están para proteger las vidas, no para matarlas”. Y son esas madres las que han dado el ejemplo, porque pese a su pobreza y orfandad del Estado no han dejado de buscar a sus hijos desaparecidos. Y lo peor es que ellas mismas han sido amenazadas por su empeño de conocer la verdad y hacerla pública.
Aquí hay dos injusticias adicionales. La primera es que a las víctimas, después de sufrir semejante calvario, sólo les queda la pérdida del ser querido, mientras que los asesinos obtienen beneficios judiciales. A las madres, como declaró una al cabo de la audiencia, sólo les resta “un poquito de alivio en el alma”.
Y la segunda es que esto refleja una aberrante desigualdad social, porque en todos los casos las víctimas eran humildes; uno era un joven desempleado; otro, un obrero, y otro trabajaba en calzado. De pertenecer a familias ricas, estas atrocidades no les habrían pasado, ni habrían tardado diez años en hacerse justicia.
Lo cierto es que si no fuera por la JEP, ni quienes cometieron estos horrores los habrían reconocido en público ni les habrían pedido perdón a las víctimas, y sus familiares tampoco se habrían sentado frente a ellos para verles la cara y escuchar sus confesiones y disculpas. En fin, todo esto vale la pena tenerlo en cuenta, y más ahora que ruge el debate acerca de la JEP y la conveniencia de su existencia.
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