Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El expresidente Álvaro Uribe es una persona de muchas cualidades. Un hombre valiente, brillante y decidido, claro en sus ideas y convicciones, que no le tiembla el pulso a la temible hora de la verdad. Le cabe el país en la cabeza, hace la tarea cuando visita los pueblos y veredas de Colombia, y está dotado de compasión y una memoria prodigiosa, capaz de recordar el nombre de toda persona que lo saluda, y siempre toma en serio los problemas de la gente, ya sea el puente que está dañado, la escuela que está arruinada, o la carretera que yace sin asfaltar. Es un luchador apasionado, y todas estas son virtudes deseables en un político. Nada de eso se discute. Sin embargo, a la vez Álvaro Uribe tiene un defecto, y es uno tan grave que, a la larga, pesa más que todas sus cualidades juntas: no es una persona respetuosa del Estado de derecho.
En cuanto uno entiende ese rasgo de su personalidad, de pronto tantas actuaciones de Uribe, que desconciertan por lunáticas, insólitas o extremas, se tornan comprensibles. En teoría, él sí respeta las reglas de la democracia, pero en realidad él siempre cree que hay un bien superior (más urgente o más importante) que está por encima del Estado de derecho: ganar unas elecciones, acabar con la guerrilla, adelantar su agenda política, defender la seguridad democrática o proteger a sus amigos. En el fondo, Uribe es un convencido de la tesis de Maquiavelo, el fin justifica los medios, y eso hace que él impulse, promueva o permita, con su palabra o su ejemplo, acciones que sus rivales políticos, por defectos que tengan, no hacen o dicen, porque están limitados por las normas del Estado de derecho.
Sólo entonces se entienden el seguimiento a los magistrados de las cortes del país, las chuzadas e intercepciones telefónicas, los falsos positivos, los diversos escándalos de su gobierno, el haber torcido la Constitución para permanecer en el poder, la filtración de coordenadas militares, la divulgación de los diálogos secretos con la guerrilla, el llamar al presidente de turno un tramposo, un mafioso y un mentiroso, y decir en el exterior que Colombia está casi acabada y que vamos dirigidos al abismo del chavismo. Todas esas cosas son, desde luego, inadmisibles, irresponsables o temerarias, pero no importa: con tal de lograr su objetivo y así ese acto, esa palabra o esa decisión viole el Estado de derecho, eso está permitido y justificado en la mente fervorosa de Álvaro Uribe.
Naturalmente, las personas que siguen y rodean al expresidente, que viven hechizadas con su carisma, su capacidad de trabajo, su hombría y su entereza, son, a menudo, las encargadas de poner en práctica esos actos que no respetan las reglas de la sociedad, y por eso muchas terminan enredadas, investigadas por la justicia e incluso tras las rejas. Y por eso ahora vuelve y juega lo mismo en la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga: el candidato reunido con hackers que interceptan conversaciones y manipulan información confidencial, charlando tranquilo y sin pegar el grito de alarma, como lo habría hecho cualquiera, en ese escenario, que fuera respetuoso del Estado de derecho.
A veces un solo defecto tiene mayor influencia en la conducta que una larga y valiosa lista de virtudes excepcionales. Y este es el caso de Álvaro Uribe.