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Esta ley fortalece considerablemente las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y en muchos aspectos lo hace de manera peligrosa para la libertad económica. Ya desde antes esta entidad se había convertido en una especie de dinosaurio gigante y exótico en el contexto de las entidades del Estado. La SIC es la autoridad encargada de los trámites de la propiedad industrial, de velar por los derechos de los consumidores, proteger y promover la libre competencia económica y de otra cantidad de actividades. Su campo de acción va desde mantener, coordinar y dar la hora legal, hasta la de tener la calidad de juez para el ejercicio de sus funciones.

En no pocas ocasiones, recurriendo a trasnochadas teorías económicas mal implantadas en nuestro entorno, la SIC se ha atravesado a vitales integraciones empresariales o las ha retrasado inútilmente.

Muchos opinan que el Superintendente de Industria y Comercio es el funcionario público con mayor poder en Colombia después del Presidente de la República. Y tal vez no estén equivocados; formalmente no está obligado a consultar sus decisiones con nadie o esperar el resultado de una votación o la redacción de un salvamento de voto para ejecutar su voluntad, decidir la suerte de una empresa o darle la vía libre a un negocio. Pero, ese es el problema menor, lo más grave es que la entidad, que en muchos aspectos es bastante eficiente y oportuna, ya evidencia morosidad en algunos trámites, debido a la insuficiencia de personal tanto en calidad como en cantidad.

Tanto poder y tantas normas y los consumidores en lo cotidiano nos quedamos plantados horas, días y semanas esperando que una empresa nos reponga el terminal o nos restablezca el servicio. Muchas veces sin remedio y sin la opción de cambiar de operador porque las otras opciones son iguales. Pareciera que compiten en ser las más incompetentes.