Acciones impopulares

Sin embargo, después de más de una década de implementación de estas acciones el balance es desolador, principalmente por el caos legislativo y administrativo del Estado y el abuso de “caza-recompensas” cuya temeridad debería ser severamente castigada.

Los demandantes tienen un incentivo que puede llegar a ser casi de 80 millones de pesos o, en los casos de inmoralidad administrativa, un porcentaje del 15% del valor del patrimonio público que se recupere. Estas gabelas han propiciado miles de procesos infundados que ocupan innecesariamente los limitados recursos de la rama jurisdiccional. Afortunadamente avanza un proyecto de ley encaminado a suprimir el incentivo.

Los expedientes de las acciones populares deambulan desde hace años por los despachos. Cuando se esperaba que la nueva -y enésima- ley de descongestión judicial, expedida en el anterior gobierno, mejorara el panorama, sucedió lo contrario.

Inicialmente en 1998 se dispuso que esas acciones se tramitaran en los juzgados administrativos, los cuales no existían en ese momento. Por esa razón los procesos que iniciaron en los tribunales administrativos se enviaron a los juzgados cuando estos empezaron a funcionar, hace cerca de cinco años. En julio de este año la Ley 1395 –supuestamente de descongestión judicial- dispuso que si la parte demandada era una entidad del orden nacional, el proceso lo debían conocer los tribunales. Esto originó que muchísimos procesos fueran enviados de los juzgados a los tribunales.

Sin embargo, algunos tribunales los están devolviendo a los juzgados alegando que la nueva ley sólo aplicará para procesos nuevos. En fin, meses perdidos, gracias a la ambigüedad legislativa.

Actualmente cursan varias acciones populares referidas a sonados casos de corrupción, tanto en el nivel distrital como nacional. Debido a los defectos de la ley muchos de esos procesos se quedarán atrapados en nuestro engranaje judicial, pesado, lento y torpe. Paisaje kafkiano.