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En la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE) aparece un memorando de entendimiento entre esa entidad y Twitter con el fin de promover un adecuado flujo de información, a propósito de las elecciones territoriales, que se celebrarán en octubre próximo. Aunque el alcance de ese acuerdo es más bien difuso, valga el intento para evitar que las redes sociales, con la difusión de fake news, sean el medio de nociva interferencia en procesos electorales, como sucedió recientemente en Estados Unidos y el Reino Unido.
En ese ámbito, las encuestas de opinión son un instrumento que se utiliza para manipular al electorado, razón por la cual existen normas que obligan a las firmas encuestadoras a registrarse en el CNE, sin lo cual no se pueden publicar sus estudios sobre las preferencias políticas de los ciudadanos en los medios de comunicación. Entre otras obligaciones, estas firmas deben enviar a la entidad la ficha técnica de sus respectivas encuestas. Ese envío no puede ser una mera formalidad; el CNE debería analizar oportunamente su consistencia y tomar de inmediato las medidas a su alcance para sancionar a las firmas encuestadoras que incumplan sus obligaciones.
La información amañada sobre la opinión política y la intención de voto tiene efectos catastróficos. Por tal razón es indispensable evaluar seriamente la manera como el CNE ejerce sus competencias en esta materia y realizar los ajustes necesarios.
La Constitución política diseñó mal el CNE. Sus funciones son esenciales para la existencia de la democracia, pero la elección de sus magistrados está en función exclusivamente de los resultados electorales. Los partidos políticos mayoritarios controlan la entidad. Es un caso paradigmático de los ratones cuidando el queso y sería la razón de la impunidad de tantas irregularidades electorales.
Como evidencia de la falta de oportunidad con la cual ejerce sus funciones la CNE, llama la atención que, apenas hace tres semanas (¡cinco años después!) se empezó investigar el aporte ilícito de Odebrecht a la campaña presidencial de 2014. La precariedad de los mecanismos de control para garantizar la transparencia en materia electoral es el caldo de cultivo para que la corrupción acceda a los cargos de elección popular. @jcgomez_j
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