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En el presente año el Congreso de la República tiene un compromiso histórico con el país: culminar el trámite para que por fin desaparezca la Comisión Nacional de Televisión (CNTV).
Después de casi 15 años de funcionamiento de esa entidad, el balance es francamente lamentable. Lo más protuberante es la arbitrariedad y torpeza con las cuales la CNTV ha ejercido sus funciones constitucionales y legales, tal como lo demuestra la cantidad de pronunciamientos en su contra por parte del Consejo de Estado y el alud de demandas que tiene que enfrentar a diario a costa del dinero público.
Es verdad que en estos años la televisión colombiana ha multiplicado el número de operadores y las opciones de programación, pero ello ha sucedido a pesar de la entidad y no gracias a ella. Aunque desaparezca la CNTV, en todo caso dejará como herencia un caos regulatorio, tanto en la televisión abierta como en la televisión cerrada, que tardará muchos años en resolverse. Como si fuera poco, aún en su agonía la entidad pretende imponerle al país una agenda regulatoria que implicaría seguir dispersando esfuerzos y recursos.
Frente al contenido de esta agenda, hace pocos días el ministro de las TIC, Diego Molano, le sugirió a la CNTV concentrarse por lo pronto en proyectos verdaderamente prioritarios, tales como la adjudicación del proyecto de televisión satelital a sitios no cubiertos, la efectiva implementación de la televisión digital y el fortalecimiento de la televisión pública.
La respuesta de la CNTV a los planteamientos del ministro fue descomedida y evasiva. Es evidente que la CNTV prefiere seguir gastando su abultado presupuesto en foros y cursos inútiles y proyectos de televisión que nadie ve.
Aunque Eduardo Osorio y Any Vásquez fueron nombrados por Álvaro Uribe como miembros de la junta directiva de la CNTV, no debe olvidarse que son representantes del Gobierno y no del expresidente, lo cual los obliga —en lo jurídico, en lo político y en lo ético— a alinearse con la política del actual mandatario y su ministro. Ahora bien, si no la comparten —a lo cual tienen derecho, ni más faltaba— deberían renunciar para facilitar el ajuste institucional que requiere urgentemente el sector para recuperar tanto tiempo perdido.
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