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La Ley 1682 que se publicó hace dos semanas tiene la virtud de describir todas las características que no tiene nuestra infraestructura de trasporte: inteligente, segura, eficiente, multimodal, adaptada al cambio climático, etc., etc., etc.
En pocos días, cuando millones de vehículos salgan a las carreteras de Colombia a disputarse la vía con los perros, los borrachos, las flotas y los carrotanques, lamentaremos una vez más transitar por la etapa más primaria del subdesarrollo. De igual forma, cuando las esperas en los aeropuertos se hagan aún más agobiantes e inhumanas, maldeciremos el instante cuando hace muchos años se abandonó al tren como medio transporte de pasajeros.
La ley recién promulgada permite abrigar la esperanza de que en materia de infraestructura de transporte, y para fortuna de nuestros nietos —porque a esta generación sólo le queda resignarse—, Colombia tomará por fin la senda correcta.
Para remover la infinidad de obstáculos para el despliegue de infraestructura de transporte, la nueva ley prevé medidas concretas en materias como contratación; gestión ambiental y adquisición predial; permisos mineros; activos y redes de servicios públicos, de TIC y de la industria del petróleo.
Asimismo, se dispone que en los nuevos proyectos de infraestructura de transporte, las entidades estatales y privadas deberán planear el desarrollo de las obras con jornadas de trabajo las veinticuatro horas, siete días a la semana.
Se le otorgan facultades extraordinarias al presidente de la República por el término de seis meses para crear la Unidad de Planeación del Sector de Infraestructura de Transporte y la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte.
Esta última tendrá dentro de sus funciones regular y promover la competencia del sector, evitar los monopolios y la posición dominante en los proyectos de infraestructura de transporte, y servir de instancia de resolución de conflictos entre los distintos actores del sector. ¿Quién le pondrá el cascabel al gato?
Lamentablemente no quedó incluida dentro de la competencia de dicha comisión la regulación del transporte aéreo, a propósito de lo cual hay que pensar en meterle mano seriamente a Aerocivil, una entidad a la que hace años le quedó grande nuestra aún pequeña infraestructura aeroportuaria.
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