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La semana pasada, por primera vez en su historia, la Corte Constitucional celebró su sala plena de manera virtual. Así también cumplirá su tarea de revisar la constitucionalidad de los decretos que expida el gobierno bajo la declaratoria de emergencia. Al igual que la pandemia, el alcance y trascendencia de su labor, no tienen antecedentes.
Para empezar, la Corte tendrá que analizar las motivaciones del Decreto 417 del 17 de marzo que declaró el estado emergencia. El panorama que se describe en esas motivaciones es desolador; deberían ser leídas aún por quienes no sean abogados y quieran conocer la dimensión de la calamidad social y económica que tendremos que resolver cuando volvamos a la calle.
En esa crónica de la tragedia que apenas comienza, se recuerda que desde enero de este año la Organización Mundial de la Salud había declarado el COVID-19 como ESPII (Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional). Siendo profetas del pasado es inaudito que las autoridades del mundo no hubieran reaccionado, a pesar de que desde diciembre estaban confinadas en Wuhan casi 50 millones de personas.
En los considerandos del Decreto 417 se afirma que se necesitarían recursos para asumir los costos de “intervenciones o estrategias para modificar el comportamiento de los residentes en Colombia”. Es escalofriante. La Corte Constitucional no puede pasar por alto esta frase. ¿Qué alcance tiene? ¿Hasta dónde puede llegar el gobierno para enfrentar la pandemia?
Seguramente el Decreto 417 de 2010 pasará el examen de constitucionalidad, tras lo cual la Corte analizará los decretos expedidos hasta ahora al amparo de la emergencia, como el polémico Decreto 444 del 21 de marzo que crea el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), el cual se alimentará de varias fuentes, entre ellas el Fondo de Pensiones Territoriales.
Con respeto a la majestad del Juez Constitucional al que tanto le debe la democracia, nos permitimos sugerir que las sentencias referidas a la pandemia sean cortas y concretas. No hay que dejar ningún resquicio para que el gobierno y el Congreso de la República acaben culpando a la Corte de no permitir la oportuna y efectiva atención de la tragedia.
@jcgomez_j
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