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La justicia andina, otros problemas

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El Pacto Andino en su versión original, al igual que el sueño anfictiónico de Bolívar, no resultó, lamentablemente.

En 1969 Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú conformaron el Pacto Andino, o Acuerdo de Cartagena, al cual se adhirió Venezuela en 1973. Se pensó que, gracias a tantas cosas en común, estos países lograrían la integración económica y social. Al fin y al cabo en Europa estaba funcionando una comunidad entre pueblos que, como Francia y Alemania, 30 años antes estaban destruyéndose mutuamente.

En sus orígenes, el Pacto Andino pretendía que sus miembros crearan un mercado común para sustituir importaciones, siguiendo las pautas de la Cepal: proteccionismo a sus productos y servicios nacionales. No resultó. Por el contrario, se perjudicó el bolsillo y el bienestar de los consumidores de los países miembros; entre estos se repartían las ineficiencias y se levantaban aranceles frente a terceros países.

La dictadura de Pinochet y su modelo aperturista llevaron a Chile a darle un portazo al Pacto Andino. Después lo hizo Venezuela, gracias a Chávez, su delirio nacionalista e irrespeto a los más elementales principios del derecho internacional.

Se quedaron, pues, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú en lo que hoy se conoce hoy como Comunidad Andina de Naciones (CAN), a la que hay que conocer y preservar, pues es lo más cercano a estar verdadera y civilizadamente integrados con otros países.

A lo largo de su historia la CAN ha expedido normas jurídicas que son obligatorias y prevalentes respecto de las normas nacionales. En materia de propiedad intelectual, esas disposiciones son modelo a nivel mundial. Muchas de ellas se anticiparon 30 años a regular cuestiones como la protección de los contenidos en internet. Para garantizar que esas normas se cumplan, en la CAN existe el Tribunal de Justicia, que merece todo el respeto y la atención de sus países miembros, pues trabaja en medio de serias limitaciones logísticas y de personal, que no se compadecen con la trascendencia de sus decisiones.

Colombia pretende jugar en las ligas mayores del comercio internacional, tipo OCDE. Debería dedicarle más tiempo y recursos a la CAN, en lugar de pararle tantas bolas a la deplorable Unasur.

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