La reforma en México

Buscando fortaleza institucional, la reforma crea dos órganos autónomos de rango constitucional, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofecoe) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), y se prevén tribunales y juzgados especializados en materia de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica.   Aunque hay que esperar a ver el alcance práctico que llegue a tener la reforma, en todo caso se debe destacar que, en medio del ambiente tan convulsionado de la política mexicana, los partidos y el Gobierno lograron un consenso normativo más democrático para el ejercicio de los derechos constitucionales a través de las telecomunicaciones. Valga citar dentro de las nuevas disposiciones aquella que ordena el establecimiento de condiciones de competencia efectiva en la prestación de servicios de banda ancha e internet.   La reforma establece un plazo de 180 días para que el Congreso expida las normas necesarias para su implementación, por ejemplo, la creación de tipos penales especiales que castiguen severamente prácticas monopolísticas y fenómenos de concentración.   En la historia de Colombia, únicamente en dos ocasiones el constituyente se ha ocupado del tema de las telecomunicaciones. La primera fue en la Constitución de 1991, cuando reiteró la calidad de bien público que tienen las frecuencias radioeléctricas y creó una entidad para intervenir y regular la televisión. Después, en 2011, suprimió sin más a esa entidad.   No es que se necesite que la Constitución Política de un país, más allá de consagrar los correspondientes derechos fundamentales, se tenga que dedicar a diseñar minuciosamente el régimen de las telecomunicaciones. Para eso están la ley y el reglamento. Por eso es tan grave que en una democracia el poder Legislativo se deje capturar por los intereses creados o se aísle del tema.   Colombia vive la más importante coyuntura de su historia en materia de telecomunicaciones. Lo que suceda el próximo año marcará un camino irreversible.