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En medio de las discusiones acerca de cuál debe ser el nuevo modelo institucional frente a la desaparición de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), ha recibido muy poca atención el futuro de la televisión pública.
Existe el grave riesgo de que en esta materia se haga lo mismo de antes y el país se siga equivocando tratando de replicar la BBC en el tercer mundo.
La CNTV deja a la televisión pública en un estado desolador y al borde del colapso económico. En el gobierno pasado, la entidad se empecinó en montar a RTVC en un costosísimo proyecto de televisión digital terrestre (TDT) por el prurito de parecer innovadores y vanguardistas, pero sin la menor visión de lo que se quería en materia de contenidos digitales y sin planear la viabilidad económica de ese elefante blanco.
El modelo económico de la televisión pública en Colombia está basando en un esquema de trasferencias del sector privado al sector público. Se supone que el dinero que recauda la CNTV, producto de las concesiones a los operadores privados, se destina a financiar las múltiples formas de televisión pública. Gracias a ese modelo la entidad tuvo llenas las arcas durante muchos años para financiar proyectos de televisión pública. Sin embargo, no parece que tanto dinero haya servido para crear una cultura institucional al respecto ni una mínima sostenibilidad.
Empiezan a oírse comentarios en el sentido de que quien quiera montar un canal de televisión podrá hacerlo. Hay que advertir que el darwinismo televisivo no va a generar ni la décima parte de los recursos que requiere el sostenimiento de la televisión pública. En ese escenario es indispensable que la legislación de televisión que se expedirá en el próximo semestre conciba un modelo viable de televisión pública que no sea un barril sin fondo y de veras logre interesar a la audiencia.
El nuevo marco normativo tiene que asegurar que en unos años no se tenga que liquidar a RTVC y a la mayoría de los canales regionales, como ya se tuvo que hacer con Inravisión debido a las erráticas políticas de televisión pública que se aplicaron durante décadas en perjuicio del patrimonio estatal.