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La semana pasada durante un partido de béisbol en Caracas, estudiantes venezolanos irrumpieron en el estadio y desplegaron una pancarta con la leyenda “Chávez tas ponchao”.
La represión policial fue inmediata para evitar que la televisión difundiera este acto de la oposición, impensable a través de este medio, sometido al absoluto control del gobierno.
El último acto de abuso de poder fue el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV) trasmitida por cable después de que fuera despojada del uso de las frecuencias radioeléctricas hace casi tres años por no servir a los propósitos de la revolución bolivariana.
Este es un caso extremo de censura, arbitrariedad y violación de la libertad de expresión que se hace aparecer como ajustado al ordenamiento jurídico. Siempre se pueden alegar razones de interés nacional o pluralismo informativo para someter a los medios que necesitan que el Estado les conceda el uso de las frecuencias.
Aún en países que se reconocen como verdaderamente democráticos, el gobierno mantiene un margen más o menos amplio de discrecionalidad para determinar quien puede emitir radio y televisión. Lamentablemente, en casi todos los países, subsiste la posibilidad de que los gobiernos castiguen la osadía o la independencia de esos medios.
En Colombia los constituyentes de 1991 crearon encontrar la fórmula mágica para garantizar la independencia y el pluralismo en el manejo de la televisión y su acceso democrático. Se inventaron la Comisión Nacional de Televisión como un organismo autónomo e independiente del gobierno.
Para evitar que, como sucedió siempre, este manejara el medio a su capricho y conveniencia, la Constitución dispuso que, de sus cinco miembros, solo dos fueran designados por el Presidente. Cuando están por celebrarse los 15 años de funcionamiento de la Comisión, es necesario efectuar un balance serio y objetivo de la verdadera independencia de esta entidad.
Dentro de lo que quede de ese juego de “pesos y contrapesos” que se supone implícito en la Constitución de 1991 y mientras exista la CNTV, al menos hay que guardar la apariencia de que nunca un gobierno en Colombia tendrá formalmente la capacidad de determinar a su antojó quien puede o no emitir televisión.