Televisión sin ley y sin antenas

Esas veleidades independentistas llegaron a su fin el pasado mes de diciembre, cuando la Corte Constitucional (sentencia C-933) declaró inexequible un “mico” que le metieron a la reforma tributaria de 2012, pretendiendo exceptuar a la ANTV del presupuesto de la Nación y así gastar alegremente sin control. Gracias a esa sentencia, ya no hay duda de la que la ANTV no es una rueda suelta en la estructura del Estado, lo que en todo caso no resuelve la calamitosa situación del manejo de la televisión en Colombia.

Hoy en día la ANTV es una masa amorfa en la que se diluye la responsabilidad política y jurídica y se disimula la debacle en la que vive la institucionalidad de la televisión. En el manejo de este medio conviven con el gobierno los representantes de la sociedad civil, los gobernadores y las universidades. Una apariencia de manejo democrático que ha generado suficientes desaciertos y frustraciones; tantos que uno esperaría que entidades tan respetables como las universidades representadas se pronunciaran pero, lamentablemente, muchas de ellas son contratistas de la ANTV.

La misma “agenda estratégica” que publicó recientemente la ANTV en su página web es prueba fehaciente de que la televisión va al garete. Allí se reconoce explícitamente que no existe una política pública de televisión y que para el efecto se necesita que el Congreso de la República expida una ley. ¿Alguien está preparando un proyecto serio y coherente? ¿Cómo se puede seguir derrochando tanto dinero si no se sabe para dónde va la televisión pública?

El control fiscal debería en el entretanto congelarle los recursos a la ANTV para que no siga malgastando en proyectos como la implementación de la televisión digital (TDT), mucho menos ante la absurda posición de esa entidad, según la cual, la televisión por suscripción es la manera como se le garantiza a los colombianos su derecho a ver televisión abierta.