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Justicia y terror

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Por los mismos motivos y las mismas razones que tiene la política colombiana para anular o evaporar a sus contradictores insistentes, mataron un 30 de enero de 2002 al subdirector del periódico La Patria Orlando Sierra.

Lo hicieron conociendo bien la formidable inutilidad de la justicia, que ante un peso o un trueque puede girar los testimonios, los indicios y las pruebas hasta convertir a los cadáveres en polvo sin historia y a los verdugos en presas injustas del escarnio.

El caso en cuestión era humillante desde el mismo día del crimen. Las amenazas provenían reiteradas desde el mismo sector y de los mismos nombres que Sierra denunciaba en su columna habitual. La muerte era la misma crónica anunciada que destina a los que intentan señalar entre las camarillas de la podredumbre.

Como es costumbre, justicia no hubo en la década siguiente. La frialdad del muerto enfrió a la misma investigación y los testigos, y del número de los culpables potenciales quedó el más obvio de los sospechosos: Ferney Tapasco, el mismo a quien habían visto amenazar a Sierra de frente y el mismo a quien el mismo Sierra culpaba si las amenazas llegaban en acción a silenciarlo. Once años después, un juez ha liberado al sospechoso estrella y el caso ha vuelto a campear en la impunidad, al mismo estado natural en que Colombia existe desde siempre sin regla y sin ley sobre los mismos muertos humillados y la misma redundancia del insulto.

Lo alarmante ahora sobrepasa las anécdotas de la costumbre y de la tradición. Los distintos casos en que se intentaba investigar la autoría intelectual en las numerosas muertes de periodistas desde décadas atávicas empiezan a prescribir, uno a uno junto al respiro de los asesinos, y la indignación que apareció por cada crimen vuelve al mismo letargo de la amnesia, a la misma impudicia. Quedaron en el cúmulo de archivos del fracaso los casos de Julio Daniel Chaparro, Jorge Enrique Torres, Danilo Alfonso Baquero, Carlos Lajud Catalán, Nelson de la Rosa Toscazo y Manuel José Martínez Espinosa, y los que fueron nombrados crímenes de lesa humanidad para que no prescriban, no concluyen. Nada concluye en la cultura del soborno y el miedo, en la justicia que expande el ideal del anarquismo y del terror con sus tentáculos en venta. Allí siguen impunes también los magnicidios de Álvaro Gómez y de Luis Carlos Galán. Y del mismo Gaitán, 65 años atrás, cuando la historia del horror apenas iniciaba. La justicia sigue siendo el mismo carrusel de la avaricia a costa de los muertos. Que lo digan los jueces que vendían sus sentencias desde los mismos complejos judiciales de Paloquemao, apenas descubiertos y allanados por la Fiscalía.

La prescripción no es exclusiva de los homicidios. Todo el país prescribe y precluye con sus huelgas de hambre, con sus lágrimas inútiles, con sus denuncias de papel, y el monumento a la justicia, que no es vendada ni imparcial aquí, sino inducida y comprada entre magnates y apostadores del orden y el destino, sonríe con sus labios de sangre y su balanza de cheques y de huesos.

Juan David Ochoa

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