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Dice el General Naranjo, encapsulado en un discurso institucional sin posibilidad a contradecirse por honor y ley, que el debate sobre drogas está desviándose hacia la defensa de su legalidad por consideraciones ideológicas.
El término ideológico lo usa en tono peyorativo, por supuesto, intentando sugerir que la defensa de la legalidad está siendo sustentada entre las abstracciones de un palabrerío insustancial, y enfatiza en que la gran mayoría de estudios sobre el tema se encuentran incompletos.
Naranjo ha demostrado ser un tipo inteligente y serio. Entre toda la aureola de los generales que han desfilado en el país de las guerreras henchidas de solemnidad nauseabunda, parece ser el único que ha sostenido un discurso prudente, y ha revelado permanentemente una argumentación acorde con su oficio, sin el tufo de los resentimientos de la guerra. Pero en esta declaración es evidente que responde desde las exigencias discursivas de su cargo de alto inspector, y no desde su objetividad humana.
La defensa de la legalización de la droga no se funda en un discurso ideológico, sino práctico. 36 largos años de una declaración de guerra oficial, 20. 000 muertos, 7 gobiernos frustrados y 10.000 millones de dólares entregados a una fijación sin resultados visibles no son cifras ideológicas. Es un río furibundo de cadáveres y dineros astronómicos lanzados al basural de una terquedad institucional que se niega a aceptar la evidente realidad para no desprestigiarse en un escarnio público sin excusas que justifiquen los cementerios de su causa.
Lo ideológico, curiosamente, es su propio discurso soportado con las uñas heridas a la ingenuidad de ver al mundo y al país productor más refinado de cocaína liberados del consumo y del tráfico. Lo ideológico es la abstracción y el conteo de cifras deshumanizadas para sumar los avances milimétricos de un batallón sobre un fenómeno que muta siempre de metodologías para escurrirse, y lo que raya en la pomposidad es la reiteración de esa vieja frasecita peligrosa y cliché que desde la publicidad amenaza con que el crimen no paga, cuando lo pagan justamente sus mismas recompensas enormes frente a cada pez gordo que aparece en el mapa de los perseguidos, y que será reemplazado inevitablemente por la obvia aparición de un nuevo peón para seguir el lucro.
Los Estados progresistas entendieron la practicidad de la legalidad, como lo reconoció finalmente la elite pacata de Washington en esos años 30 en que el alcohol desangraba a Chicago y desfalcaba todas las reservas del fisco en un fantasma inocente. Los fenómenos y los tiempos son otros, evidentemente, pero el error sigue siendo el mismo: sostener un lenguaje ideológico sobre un fenómeno que en lo práctico solo es posible domar en la supervisión legal de los mercados.
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