Nueva orden marcial

No es extraño aceptar la nueva versión gubernamental de persecuciones con interceptaciones ilegales. Ya lo habían hecho en sus primeros periodos de omnipotencia contra todos los ideólogos enemigos de su secta, contra todos los sospechosos y los posibles. Nunca la organización general de ese operativo delincuencial de persecución fue desmantelada, las instituciones trabajaron para ellos dejando caer en la deshonra a los peones sobrantes y sin trascendencia, los mismos que siempre pagan para que nunca caigan los nombres de la jerarquía y los protagonistas de las órdenes. Tampoco sucedió nada con Andrómeda, la organización delincuencial que chuzó los diálogos en La Habana con fines peligrosos. La justicia de nuevo trabajó para ellos, las instituciones se encubrieron y el silencio campeó con la complacencia de todas las empresas y los nombres que siguen trabajando para que nunca se haga pública la verdad que les revelaría su oscuridad y su pasado.

Nicacio Martínez Espinel, el general aferrado a su cargo entre la tempestad y defendido por la jerarquía que lo nombró a pesar de las sindicaciones que pesaban sobre sus cuatro estrellas, fue relegado justo en el momento en que el gobierno fue avisado del escándalo que muy temprano estallaría en su contra: las pruebas entregadas por los mismos oficiales del ejército que se habían negado a participar en interceptaciones y persecuciones a periodistas, magistrados y políticos opositores, y las denuncias hechas por integrantes de organismos de inteligencia estadounidenses que habían enviado recursos y alta tecnología para fines que ahora sabían desviados a otras estrategias que parecían más urgentes que los exterminios que se hacen a plena luz y en sus narices. No podían soportar otro escándalo de insostenibilidad. Ya habían tenido que sacrificar a su ministro estrella Guillermo Botero y no soportarían una nueva tormenta mediática con resonancia internacional y consecuencias graves de legitimidad. La gravedad del caso trasciende a todas las esferas, y va quedando claro que la persecución contra opositores es una prioridad y una política central con el uso de recursos que podrían estar mitigando los grandes dramas que siguen llevando a la presidencia al colapso y al mayor descrédito histórico por ineficacia y sordera.

La caja de compensación familiar Compensar ha dicho que es la dueña de los micrófonos encontrados en la actual oficina del magistrado Reyes, y la investigación apenas empieza, pero según los reportes de oficiales negados a trabajar para las nuevas órdenes contra magistrados, también fue interceptada ilegalmente la magistrada Cristina Lombana, congresistas no precisamente aliados como Roy Barreras y gobernadores evidentemente opositores a sus políticas como Camilo Romero. Periodistas de la revista que hizo pública la investigación fueron víctimas de amenazas y entregas de sufragios. Tan mal y tan preocupados parecían desde los meses en que se vieron investigados que tuvieron que acudir a la amenaza frontal para evitar la publicación y un nuevo escándalo que ningún oficial de alto rango soportaría para seguir en funciones. Nicacio Martínez está ahora al margen, y queda frente a las luces y a los micrófonos de este nuevo espanto el flamante ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo. Sigue insistiendo que desconoce los detalles y los pormenores, pero extrañamente aislaron al poderoso general cuando la información empezaba a desbordarse en las oficinas y los cuartos de la Casa de Nariño. El presidente, fiel a su tradición, sigue en silencio y aturdido.