Pruebas reinas

El procurador general Fernando Carrillo, que entre todas las sombras de funcionarios partisanos parece una figura coherente, ha lanzado la misma sospecha que tenemos todos los que estamos al margen del poder y de la sombra plenipotenciaria y amenazante de Néstor Humberto Martínez: las pruebas del video que pretende destruir la JEP no tienen ningún indicio de incidencia ante el proceso de extradición de Santrich. Pocos minutos bastan para entender que la prueba reina, un video que tiene el perfil perfecto de un entrapment, solo es una prueba de corrupción flagrante, pero nada más. El fiscal pretende convencer nuevamente con retórica y explicaciones abstrusas que todo lo que no se ve es una sugerencia rigurosa de lo que quiere que sea: una demostración definitiva de la inconveniencia de la aprobación de la JEP y una urgencia ineludible para destruirla. El entrapment, esa figura tradicional usada por la policía norteamericana para capturar sospechosos potenciales con sobornos o carnadas puestas por la misma institución, le ha sido útil esta vez a la Fiscalía General matando dos pájaros de un tiro: revela un parte positivo de gestión y deslegitima de paso a la nueva justicia que la ha relegado en su función ordinaria. Pero entre todo el efectismo de la noticia y entre el mismo afán de la orquestación, los detalles revelan cada vez más un entramado desesperado y oscuro: los implicados, que pretendían según las pesquisas incidir para retener la extradición, no son precisamente allegados a la FARC, sino sus enemigos, y no precisamente enemigos ideológicos de escritorio, sino justa y curiosamente los partisanos que han estado detrás del bombardeo injurioso contra la nueva justicia que los afecta. Luis Alberto Gil, quien tiene un alias delincuencial propio de una buena experiencia en el bajo mundo (el Tuerto), sería el último de los que incidiría a favor del más odiado de sus archienemigos. Un parapolítico estelar solo podría estar a favor de la destrucción de la institución que lo pone de nuevo en la palestra pública.

Lo curioso de este sainete institucional de sospechosos a sueldo es que ahora parece que un video es una prueba reina suficiente para sustentar la flagrancia de un delito y pulverizarlo todo, pero las viejas pruebas reinas en que el mismísimo fiscal general aparecía en audios demostrando sus conocimientos silentes de otros delitos no lo fueron, como tampoco resultó ser una prueba suficiente el video en que Óscar Iván Zuluaga daba instrucciones para infiltrar las comunicaciones de un proceso de paz para torpedearlo, y tampoco lo fueron las pruebas reinas del caudillo de sangre y fuego, Álvaro Uribe Vélez, mientras orquestaba con el hampa nuevas tácticas de presión a falsos testigos.

La justicia ordinaria y tradicional sabe que debe regularlo todo ahora que otra puerta se abre y los delitos encubiertos por el establecimiento están al borde de la fuga y del conocimiento público. Por eso su vocero épico y defensor de los nombres secretos, Néstor Humberto Martínez Neira, encabeza la cruzada para evitar a toda costa el derrumbe de la costumbre. El presidente tiene la orden de objetar la JEP con argumentos convincentes. El fiscal general sabe muy bien como orquestarlos.