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Un posconflicto sin presupuesto

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Pasada ya la resaca y ese paréntesis que en muchos sentidos y para muchas personas es el primer mes del año podemos sopesar los objetivos que con tanto optimismo se establecieron al final del año anterior.

El que me ocupa y preocupa hoy es el de la educación, y, en concreto, el de la investigación en el país. Cada cambio de gobierno, cada nuevo año vuelven a aparecer en el panorama las promesas y los optimismos con que los dirigentes de turno ornan sus discursos, sus propósitos y sus campañas. Y se oyen entonces prédicas y pregones sobre las bondades de la educación y la necesidad de invertir en ella y en investigación para que el país genere riqueza y atraiga inversión extranjera. Educación para alcanzar los estándares de Finlandia y Noruega, se les oye decir; e investigación para lograr la calidad de Corea y Japón, repiten en sus discursos plagados de buenas intenciones.

Pues parece ser que el año que comenzó tampoco va a ser el del cambio tan anunciado o, al menos, tan anhelado. Basta con echar una mirada a las cifras de inversión en el país y compararlas, no ya con Finlandia o con Corea, sino con los países de la región para percatarse de que, pese al reconocimiento de todos de la importancia de invertir en investigación, son pocos los esfuerzos encaminados a darle un punto de inflexión a una inversión que dista mucho de ser moderadísima y tímida.

La cifra no sólo es modesta, sino preocupante. Pero hay más datos dignos de consideración y que generan una no menor desasosegada inquietud. Los recursos con los que cuenta Colciencias para financiar durante todo el año los grupos de investigación de ciencias humanas, sociales y de educación de todo el país son de $1.700 millones. El presupuesto total, entonces, constituye, más o menos, la cuarta parte de los contratos que obtuvo la autodenominada Natalia Springer con la Fiscalía (el monto de los contratos de la firma Springer Von Schwarzenberg Consulting Services ascendió a más de $6.800 millones). No es mi propósito poner en cuestión la labor de Natalia Marlene Lizarazo Tocarruncho y de su firma en los contratos, pues otros muchos ya lo hicieron en su momento, pero no deja de inquietar que unos cuantos contratos que adjudica la Fiscalía a una firma privada cuenten con bastante más presupuesto del que tienen para todo el año todos los grupos de investigación en ciencias sociales en Colombia.

El mensaje es desmoralizador para todos los investigadores que, al igual que la firma Springer, intentan arrojar luz sobre las problemáticas que moldean, definen y golpean este país. Y es también desalentador que se siga pensando que sin un presupuesto serio, al menos decente, para la investigación en ciencias sociales, que permita desentrañar las causas y pensar las soluciones de un conflicto tan prolongado y de razones tan varias y tan estructurales, puede encararse con éxito y con dignidad el llamado posconflicto. No puede uno, entonces, sino rogar que termine pronto la guerra para que esos recursos que empeñamos en matarnos unos a otros los empleemos ahora, llegado el posconflicto, en ponernos a estudiar.

@Los_atalayas, atalaya.espectador@gmail.com

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