Derecho a la salud y Hepatitis C.

Lo fabrica un laboratorio farmacéutico llamado Gilead y su precio es estratosférico. En EEUU lo llaman la pastilla de los mil dólares. En España, 30.000 pacientes reclaman que el sistema público de salud pague el tratamiento cuyo coste está cifrado en, aproximadamente, 80.000 Euros por paciente (Unos 200 millones de pesos colombianos). El problema es que el Gobierno de España se niega alegando falta de presupuesto. Dicho en otras palabras, parte de sus ciudadanos se mueren por falta de dinero como en muchos países del tercer mundo. No obstante, veremos que tras esta excusa se esconden intereses más miserables.

El susodicho medicamento está protegido por derechos de patente que otorgan al laboratorio farmacéutico el monopolio en todas las facetas de su explotación. La razón para otorgar este derecho, a la industria farmacéutica o a cualquiera otra, es un incentivo que el Estado otorga a los creadores para que inviertan su tiempo, talento y dinero en creaciones que impulsen el desarrollo tecnológico. Pasado el tiempo de duración de la patente, veinte años desde la solicitud de la misma, la invención pasa a dominio público pudiendo esta ser explotada por cualquiera. El sistema, desde hace siglos, ha dado resultados significativos y no es extraño que la protección de la propiedad intelectual sea directamente proporcional al nivel de desarrollo científico y tecnológico de dicho países.

Ahora bien, las patentes, como todos los derechos deben tener límites. Y como dicen los norteamericanos, demasiado al este es oeste. Los derechos de los titulares de la patente deben ser protegidos porque, de lo contrario, se desincentiva la inversión futura. Ahora bien, estos derechos no pueden estar protegidos de tal manera que pongan en riesgo los derechos constitucionales tales como el derecho a la vida. Justo por ello, la normativa internacional, y en el caso de España y Colombia, también sus respectivas legislaciones nacionales, fijaron la solución a este inconveniente. En determinados supuestos, cuando la explotación de la patente incurra en determinadas causas, siendo una de ellas la salud o el interés público, el Estado podrá otorgar las llamadas licencias obligatorias. De una manera sencilla, el mecanismo consiste en lo siguiente. O el titular de la patente acuerda bajar el precio, suministrar el medicamento de manera adecuada o cualquier otro aspecto de su monopolio que esté generando el problema o el Estado, otorgará el permiso a un tercero para que lo realice, garantizando así el derecho constitucional. En este caso, el derecho a la vida o a la salud.

La pregunta del millón es por qué no ha hecho eso el Gobierno de España desde el primer momento. Si el laboratorio no baja el precio a un coste que el sistema de salud pueda soportarlo –tal como hicieron en Egipto donde el tratamiento cuesta 900 dólares- ¿por qué no han iniciado este proceso de licencias obligatorias de manera inmediata? ¿Por qué permitir que sigan muriendo sus ciudadanos? El dinero es tanto, los intereses son tantos que ya podrán imaginarse la respuesta. En España, los políticos se preocupan más por garantizar los intereses privados que la vida de sus ciudadanos. Y ni siempre fue así en España- donde se universalizó la sanidad pública- y ni ha sido así en todos los países –el Gobierno de Lula en Brasil y el Gobierno de India, ante un caso muy semejante con los retrovirales del VIH, emitieron licencias obligatorias a pesar de las amenazas de la industria farmacéutica-.

El medicamento aún no ha llegado a Colombia pero la experiencia y los médicos especialistas en la materia nos dicen que, su introducción en el mercado, no tardará más de un año. Y al pensarlo, no puedo dejar de acordarme de las palabras de Marijn Dekkers, Consejero Delegado de Bayer, una de las grandes farmacéuticas del mundo, cuando al ser preguntado en un encendido debate por este tema, respondió: “No producimos medicamentos para los indios. Los producimos para los pacientes occidentales que pueden permitírselos». Luego pidió disculpas pero la verdad había sido dicha. Confesó, sin pudor, que la vida humana era un valor supeditado a los intereses económicos. Este no es, ni de lejos, el fin de las patentes ni de la concesión administrativa que en último término configura. Es evidente que las licencias obligatorias deben equilibrar esta realidad.

Ministro Gaviria, le queda un año, quizá menos, para enfrentarse al problema. Bien haría en ir pensando qué demonios va a hacer.