La realidad y el deseo

La destitución de Gustavo Petro (un alcalde incompetente que llevó a Bogotá al desmadre y se hubiera caído solo por su propia mezcla de ineficacia y autoritarismo) no es, como han dicho algunos, una violación de la institucionalidad: el problema, justamente, está en una institucionalidad defectuosa. Que la Procuraduría esté ahora en manos de un fanático peligroso, y que ese hombre la esté utilizando (también) para la eliminación política de sus adversarios ideológicos, no debe hacernos perder de vista que el primer problema no es Ordóñez, sino lo que su cargo le permite hacer impunemente. Uno diría que los redactores de la Constitución del 91, ante la indefensión de los ciudadanos, la corrupción generalizada y la fragilidad institucional que la década anterior habían dejado en evidencia, se fueron para el otro lado y crearon un monstruo. Quisieron compensar, con los poderes desmedidos de la Procuraduría, años de indolentes prácticas políticas. Y así nos va ahora.

Se parecen en eso a los legisladores que, ante una realidad en que borrachos irresponsables se convierten con demasiada frecuencia en homicidas culposos, intentan crear una realidad nueva a punta de leyes impracticables. Los borrachos que manejan llevan décadas poniendo en peligro a los demás, y la sociedad colombiana lleva décadas tolerándolos; ahora nos hemos dado cuenta de repente de que son indeseables y peligrosos, y nuestra manera de enfrentarnos a esa realidad es una ley irracional que parece hecha para otras latitudes. En resumen: los legisladores han intentado compensar décadas de negligencia con un golpe limpio de prohibicionismo. En todos los países sensatos puede un adulto tomar dos copas y manejar sin problema: eso ya no se puede aquí. Y uno tiene que preguntarse si no habrá algo de puritanismo escondido tras la ley (sobre todo cuando es un partido evangélico su principal promotor), y si no estaremos ahí también respondiendo a los golpes de la realidad con el débil argumento del deseo.

Legislan con el deseo quienes creen, por ejemplo, que prohibir la dosis personal acabará con las mafias del narcotráfico. Legislan con el deseo quienes creen que penalizando el aborto, esa realidad dolorosa, las mujeres dejarán de abortar, como si cayeran en cuenta de repente de que quieren correr el riesgo de morir en un parto complicado. En esa manera de ver el mundo hay algo de superstición y mucho de fundamentalismo. Pero no me refiero a asuntos religiosos: por superstición entiendo nuestra tendencia irrefrenable a creer sin pruebas, a preferir la tranquilidad del prejuicio a la incomodidad de la razón. Por fundamentalismo entiendo esa necesidad constante que tenemos de reducir un conflicto a sus rasgos más elementales, más toscos o más groseros, como si esa reducción lo cortara de raíz o nos regresara a los orígenes donde todo era menos defectuoso: donde no había corrupción institucional ni indefensión ciudadana ni conductores borrachos, ni fumadores de marihuana ni mujeres que no quieren tener el hijo de su violador. Y quienes así legislan son como el que decía: si la realidad no corresponde a mi deseo, peor para la realidad.