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“Han hecho sufrir demasiado a mi hija”, dijo a El País de Madrid la madre de Beatriz, la mujer salvadoreña de 22 años que se pasó los últimos dos meses pidiéndole al gobierno de su país que le permitiera abortar.
Está enferma de lupus e insuficiencia renal y esperaba a un bebé sin cerebro. En otras palabras: no sólo era inviable la vida de la criatura, sino que continuar con el embarazo corría el riesgo de matar a la madre. Como la Constitución salvadoreña prohíbe el aborto, los médicos diagnosticaron la anencefalia y advirtieron a Beatriz de que el embarazo ponía en riesgo su vida, pero no podían hacer nada más. Hubo que esperar una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que los médicos practicaran una cesárea. La niña, conforme a lo previsto, murió a las cinco horas de nacida. “Por la ausencia del hipotálamo”, explica El País, “no percibió dolor”. Beatriz, en cambio, pasó por dos meses de sufrimientos físicos y emocionales. Y por eso su madre dice: “Han hecho sufrir demasiado a mi hija”.
Pero ese sufrimiento no les importa a los que hicieron en El Salvador lo que otros tantos quisieran hacer en Colombia: prohibir constitucionalmente el aborto. Los predicadores se llenan la boca con la palabra vida, pero ni la razón ni la mera empatía humana les dan para entender que el aborto es trágico porque no hay una sola vida en juego: hay dos, y están en conflicto. Los supuestos defensores de la vida no están dispuestos a defender la de la mujer embarazada: ella sufre dolores físicos y morales, ella corre el riesgo de morir, pero a los supuestos defensores de la vida les interesa más la criatura sin cerebro que morirá cinco horas después. Y hay que decirlo con claridad: si Beatriz hubiera muerto, ellos serían culpables: ellos la habrían dejado morir. Igual que ocurrió con Savita Halappanavar, la mujer irlandesa que murió el año pasado. Su embarazo era inviable, pero los médicos no lo interrumpieron. “Estamos en un país católico”, le dijeron al marido. La mujer murió de septicemia mientras los defensores de la vida miraban para otro lado. Su muerte irreparable, como los largos días de sufrimiento de Beatriz, tienen culpables muy claros.
Este es el país que quieren el procurador Alejandro Ordóñez, José Darío Salazar y los nuevos fundamentalistas colombianos: un país donde puedan dejar morir a una mujer embarazada con el argumento de proteger la vida de un feto sin cerebro. Ya lo dije en una columna de hace varios meses, pero lo vuelvo a decir: lo que importa aquí es nuestra actitud, como individuos pero también como sociedad, frente al sufrimiento ajeno. Los que se llaman defensores de la vida son inmunes a él: es formidable su capacidad para pasarlo por alto. Levantan sus largos dedos acusadores y están dispuestos a condenar a la mujer que no quiera morir, a la familia que no quiera verla morir. Están dispuestos a dejar que la mujer muera, y uno tiene que preguntarse si lo harían también si les tocara más de cerca: si la amenazada por un embarazo problemático fuera su hija, por ejemplo, o su esposa. ¿La obligarían a la muerte? ¿O acudirían a ese médico que tanto desprecian, y fingirían no enterarse cuando el médico lleve a cabo la operación que les salve la vida?