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República o teocracia

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Los ocho años de Uribe (habría que comenzar a llamarlos ochenio, creo yo, como se llama en el Perú a esa triste época de autoritarismo y desintegración social que fue el gobierno de Odría) han dejado muchos legados lamentables: el retroceso dramático en derechos y libertades individuales, la persecución de la prensa opositora y el espionaje a jueces, la corrupción y la politiquería que han dejado en franco ridículo el lema uribista de otros días.

En las últimas semanas, la fantasía uribista de que los actos no tienen consecuencias se ha desplomado: por lo menos tres encarcelamientos —de figuras públicas de primera importancia— son los coletazos de esa fiebre de la impunidad o la irresponsabilidad que fue el rasgo más notorio de la administración Uribe. En varias de las decisiones que han resquebrajado el legado de Uribe ha sido protagonista el procurador Ordóñez, y a cualquiera le parecerá curioso que sea Ordóñez el responsable de perpetuar uno de los aspectos más oscuros del ochenio: la guerra sin cuartel al laicismo.

Escribí sobre eso en septiembre de 2007, poco después de que un congresista evangélico radicara un proyecto de ley para penalizar la infidelidad, y desde entonces el título de aquella columna, “El nuevo puritanismo colombiano”, no ha hecho más que justificarse. Ladina, soterradamente, Uribe se dedicó a desmontar los efectos prácticos de esa cosita molesta, la separación entre Iglesia y Estado. En ello le echó una mano el procurador Ordóñez, y para mantener viva esa encarnación moderna del temperamento inquisidor trabajan hoy académicos (es un decir) como José Galat y congresistas como José Darío Salazar y todo el Partido Conservador, aparte, por supuesto, del propio procurador (es un decir) Ordóñez y de la propia bancada de la Iglesia. (En Colombia la Iglesia es dueña de una cantidad no despreciable de congresistas, y eso sucede sin que a nadie le parezca raro ni cuestionable). Pues bien, en estos días ha cobrado visibilidad ese lamentable estado de las cosas, pues dos debates han ocupado intermitentemente la atención de los colombianos, o por lo menos los colombianos que leen la prensa: el aborto y el matrimonio homosexual. Y en ellos, me parece, se juega más que cosas tan importantes como la igualdad ante la ley y los derechos reproductivos de las mujeres. Se juega todo un modelo de república.

Antes he hablado de dos debates, pero la palabra debate le queda grande a lo que ha sido las más de las veces un simple encontronazo entre la razón y la superstición o el prejuicio barato. Los argumentos de los cruzados son, como siempre lo han sido, tan débiles que no resisten una segunda mirada. José Darío Salazar persigue la penalización del aborto para “defender el derecho a la vida”, pero nunca ha sabido contestar con coherencia cuando alguien (por ejemplo, Mónica Roa) le hace notar que también la mujer cuyo embarazo puede matarla tiene derecho a defender la suya. José Galat se opone al matrimonio homosexual con el argumento de que la Constitución “es teísta” e “invoca a Dios en el preámbulo”, y al hacerlo no sólo ignora el resto de la Constitución, y en particular el artículo 19, sino que convierte a Colombia en una teocracia. Que es lo que quisieran sus secuaces, por supuesto. Aunque espero, de todo corazón, estar exagerando.

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