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Una reforma laboral no tiene sentido si no sirve para estimular la creación de empleo y no se construye desde el más amplio consenso posible. En Colombia, según el DANE, la informalidad laboral es mayor al 50 %. La tasa de desempleo juvenil alcanzó un 15,6 % en el último trimestre del 2024, y la desocupación femenina un 15,8 % en enero del 2025. Sin embargo, el gobierno desde un principio se radicalizó y puso el dogma por encima del dato. La participación de todos los actores involucrados y el reconocimiento de la validez de sus aportes en la construcción concertada de un proyecto de reforma no se puede soslayar. El gobierno abrió espacios de consulta cosmética en los que la única alternativa que tuvieron el sector empresarial y gremial fue la adhesión o la imposición.
¿Qué puntos debería abordar una reforma laboral?
Reducir la informalidad, en particular la de altos ingresos debe ser el corazón del proyecto. Se trata de facilitar la formalización de pequeñas y medianas empresas (Pymes), que constituyen el 99 % del tejido empresarial y son fuente significativa de empleo informal. Incentivos fiscales y financieros, como la reducción temporal de impuestos para empleadores que formalicen trabajadores, pueden ser un principio. Eliminar y simplificar al máximo posible trámites y procesos para la contratación formal es prioritario. La barrera burocrática es caldo de cultivo para la corrupción, además de desanimar a trabajadores y empleadores.
La regulación del trabajo por horas es una medida que responde a las necesidades de sectores como la agricultura, el comercio, la gastronomía y el entretenimiento. Sobre todo es una opción a considerar para reducir el desempleo en jóvenes y mujeres. Permitir la contratación formal por horas abre una puerta a la economía del cuidado, permitiría a estudiantes trabajar, sin comprometerse con un horario de tiempo completo. Sin embargo, esta modalidad debe garantizar los derechos laborales, como aportes a la seguridad social, vacaciones y prestaciones, para que no se convierta en un mecanismo de precarización.
El desempleo juvenil y femenino necesita políticas focalizadas que apunten a resolver problemas estructurales. Para los jóvenes, la creación de programas de primer empleo, primera empresa, formación técnica y tecnológica con prácticas remuneradas en colaboración con el sector privado, dentro de un sistema dual, permite abrir oportunidades para los jóvenes. Para las mujeres, una reforma laboral debe incluir mecanismos que promuevan la equidad salarial.
Una reforma laboral viable y legítima solo se logra a través de un diálogo social con propósito de consenso. Es primordial que el gobierno, los sindicatos, las empresas, la academia y la sociedad civil se involucren en un proceso real de construcción colectiva. El consenso no solo asegura la aceptación y aplicación de la reforma, sino que también promueve la confianza en las instituciones y en el proceso democrático.
Ningún cambio estructural en el mercado laboral es pertinente sin entender el impacto en el mercado laboral y el sistema educativo de la revolución digital; la inteligencia artificial, la robótica y la computación cuántica. Las políticas deben enfocarse en alinear las competencias de la fuerza laboral con las necesidades del mercado y el estímulo a la productividad.
El gobierno instrumentaliza, con fines de campaña electoral, las reformas para atizar al máximo un clima de confrontación que terminará en violencia si estas no se tramitan por los canales institucionales y democráticos, es decir, por el Congreso. La evidencia, la técnica y, eventualmente, la progresividad en el desarrollo de una reforma laboral son ingredientes que no pueden faltar. La sociedad debe estar unida en el rechazo a la intimidación, la amenaza o la presión indebida que pretende promover el gobierno en contra del Congreso.
Por Juan Manuel Galán Pachón
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