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Congreso, rentabilidad antes que ambiente

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EL DEBATE SOBRE EL PLAN NACIONAL de Desarrollo (PND) en el Congreso demuestra que se ha avanzado en la discusión política sobre temas ambientales, pero la subcomisión conciliadora que definió la redacción final validó la posición de quienes dan prioridad a la rentabilidad privada de corto plazo, sobre los intereses sociales y la sostenibilidad ambiental.

Licencias exprés, extracciones mineras en los páramos y negativa al pago de una tasa por el uso del agua para financiar el manejo de las cuencas aportantes  demuestran que para el Ejecutivo y Legislativo tiene prioridad el extractivismo sobre la sostenibilidad. Se perdió un partido, pero no el campeonato. Como ciudadanos tenemos espacios y hay herramientas para que el segundo periodo de Santos no sea tan nefasto para el ambiente como fue el primero.  Algunos contenidos del PND, los compromisos internacionales del país y su pretensión de ingreso a la OCDE exigen una mejor gestión ambiental. Como sociedad debemos presionar  y actuar.  Como herramienta,  tenemos que el Capítulo de Crecimiento Verde en el PND recibe una asignación del 1,3% del presupuesto general y tiene como propósitos: avanzar hacia un crecimiento sostenible, reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático, asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad ambiental. Si vamos todos por un nuevo país, Minambiente tiene que tomar fuerza, dejar ese papel de suplente y ser árbitro que dirima las diferencia entre unos y otros. ¡No pasar de agache, ser protagonista! El equipo contrario tiene el balón y el Ministerio de Minas está liderando la estrategia. Hay que marcarlo. Sabemos cómo juega y tiene que cumplir ciertos estándares.  Otra herramienta en la Ley del Plan es el compromiso de formular una política de crecimiento verde que defina objetivos y metas de crecimiento económico sostenible. Con ello, el DNP se compromete a precisar metas para los ministerios de Hacienda, Agricultura, Minas y Energía, Transporte, Salud, Vivienda y Comercio.  Se propone una deforestación cero para el 2030 y acciones para recuperar los bosques. Anuncia la protección de humedales y habla de protección y delimitación de páramos, pero permite la ejecución de proyectos mineros y petroleros con licencias otorgadas antes del 2010 y 2011 respectivamente, lo cual deja abierta la grieta para su destrucción. Simultáneamente otorga a Minambiente la potestad de cancelar licencias ambientales cuando se generan daños ambientales en los páramos (sic).  Compromete a Minagricultura con procesos de reconversión y sustitución de cultivos para recuperar los páramos con vegetación protectora. Da un año para establecer una estrategia de pago por servicios ambientales y otros incentivos para la conservación desde reservas naturales de la sociedad civil y propone compensaciones a los municipios que dediquen áreas a conservación. Se anuncia un programa de reconversión pecuaria sostenible con sistemas silvopastoriles. Se crea el Consejo Nacional del Agua con participación de diversos ministerios, liderados por DNP y Minambiente. Y se compromete a formular y aplicar una política para la recuperación de pasivos ambientales.  Podemos avanzar, depende de la capacidad y presión de la sociedad civil y de la acción o inacción del Minambiente y DNP.  *Juparus 

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