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The Climate Institute, entidad cuya misión es identificar e impulsar soluciones para enfrentar el cambio climático con la colaboración de organizaciones y personas de diversas partes del mundo, acaba de publicar los resultados de una investigación sobre costos y beneficios de la descarbonización en los sectores de energía y transporte en Latinoamérica y el Caribe.
El documento aporta elementos muy útiles para definir la estrategia de Colombia en estas áreas. Fue escrito por Walter Vergara, especialista colombiano en cambio climático del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por su sigla en inglés), junto con Jorgen Fenhann y Silvia R. da Silva, y tuvo el apoyo del programa ambiental de las Naciones Unidas y del Instituto de Investigación sobre Cambios Globales.
La investigación demuestra que si se avanza de manera simultánea en la descarbonización de los sectores de energía y transporte, se consiguen sinergias con mayores impactos de mitigación y más beneficios económicos que hacerlo de manera independiente en cada sector. Los beneficios se derivan del menor precio de generar electricidad con recursos renovables que con carbón o gas, de la disminución en costos de transporte, de mejoras en eficiencia energética y de la reducción de gastos en salud por causa de la contaminación atmosférica.
La tendencia global, según el informe, es que en unas décadas todas las plantas de combustibles fósiles estén desmanteladas y sean reemplazadas por plantas de generación con fuentes renovables. Estas serán cada vez más baratas y habrá mejoras en almacenamiento (baterías), interconexión y generación descentralizada. Eso cuestiona el plan de expansión para la producción de energía eléctrica en Colombia, en el que se siguen sugiriendo nuevas inversiones para generación con hidrocarburos (carbón y gas). Es necesario desarrollar una sólida capacidad institucional para apropiar el rápido cambio tecnológico que conduce a la descarbonización del sector eléctrico, que tiene menores costos y es financieramente atractiva para la inversión pública y privada.
Para el sector del transporte, la investigación propone una migración progresiva al modo eléctrico y evalúa como perfectamente viable que todos los vehículos, de pasajeros y carga, además del transporte marítimo, se electrifiquen para 2050.
El informe advierte que, aun siendo financieramente atractiva, la transición enfrenta importantes barreras políticas, regulatorias y de mercado. En Colombia, las reglas sobre energía han sido un freno para una mayor participación de fuentes sostenibles, novedosas e intermitentes, y hay intereses económicos que generan obstáculos para transformar el sector.
En conclusión, el estudio recomienda frenar cualquier inversión en nuevas plantas de generación con hidrocarburos, el retiro gradual de las plantas en operación alimentadas con carbón y gas, y el desarrollo de infraestructura para vehículos eléctricos. Simultáneamente, considera necesario implementar políticas que transfieran los verdaderos costos a quienes contaminan el aire y generan gases efecto invernadero, con medidas fiscales, impuestos y mercados de carbono. Los investigadores señalan que la descarbonización sincronizada de los dos sectores supone importantes ganancias económicas para América Latina, elimina problemas de salud, requiere menores inversiones para atender la demanda de energía, genera más puestos de trabajo y nos permite avanzar con el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París. La lectura juiciosa del documento muestra que la ecuación económica hará que mucho carbón se quede enterrado y que el fracking se limite o sea inviable.
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