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El Plan Nacional de Desarrollo (PND) generó gran controversia e incluso movilizaciones sociales antes de su debate y aprobación. El PND es importante como base para definir la asignación de recursos públicos y hoja de ruta 2019-2022.
La experiencia nos dice que lo aprobado es solo un borrador, pues las presiones y negociaciones políticas van definiendo el paso del plan a la acción. Muchos aspectos del PND nunca se realizan y otros no considerados se convierten en el eje de la acción gubernamental.
En ambiente y desarrollo sostenible este PND tiene de todo. Lo que se haga o se omita, en la interdependencia ambiente-desarrollo-calidad de vida, dependerá de la presión que la ciudadanía ejerza. Hay grandes riesgos con metas como el puerto de Tribugá y la deforestación.
Lo que se ve y siente, a escala nacional e internacional, es que el ciudadano cada día presiona más por un ambiente sano y medidas para una mejor adaptación al cambio climático. A pesar de las declaraciones nefastas del gobierno Trump, el mundo, lentamente, se mueve buscando alternativas.
China, mayor contaminante global, busca un viraje. Aumenta su área de bosque y se convierte en líder tecnológico en producción y uso de energías sostenibles, siendo el principal mercado mundial de movilidad eléctrica. Europa se compromete con metas de carbono cero y aumenta aceleradamente la participación de las energías renovables en su canasta energética. En Estados Unidos, varios estados avanzan en el cumplimiento del Acuerdo de París y se subsidia la producción y el consumo de energía solar en los hogares. Chicago avanza en la reconversión tecnológica para llegar a usar energía 100 % limpia antes del 2040 y más de 100 ciudades forman parte de un grupo llamado Ready for 100, que tiene metas similares entre el 2030 y el 2050. Estas tendencias globales se reflejan en algunos apartes del PND, como la recomposición de la canasta energética asociada a fuentes no convencionales de energía renovable.
Artículos de prensa hablan de un “mico” sobre fracking y que el PND dice que el Gobierno estudiará la viabilidad de la exploración y producción de yacimientos no convencionales y que se propone la creación de una comisión asesora. La comisión ya se creó y entregó sus recomendaciones. Lo que se haga o se deje de hacer con el fracking no depende del PND, sino del Gobierno y de las comunidades y el grado de compromiso al seguir o no las recomendaciones de la comisión.
En varios aspectos ambientales es necesario ajustar metas y estrategias. Quizás el más crítico y publicitado sea la deforestación. La alta deforestación del Guaviare, acompañada y liderada por el latifundio y la ganadería extensiva (“La deforestación en el Guaviare por fin tiene nombre”, El Espectador, 04/05/19), requiere que se compren o expropien las grandes propiedades y se busque el retorno de los campesinos colonos, desde los frentes de colonización a los predios ya deforestados, para su recuperación productiva y ecológica. El anuncio presidencial de controlar la deforestación con Ejército (“No toda la deforestación es roja”, El Espectador, 01/05/19) poco logrará si no se redistribuye la tierra dentro de la frontera agrícola. Esto es determinante.
El PND es solo una hoja de ruta gubernamental. Desde las diversas organizaciones sociales debemos presionar por lo que nos interesa.
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