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Hay dos extremos: el inversionista que deforesta para apropiarse de tierra y hacer especulación predial, y quien deforesta buscando su sustento. Según la Ley de Delitos Ambientales, deforestar en la reserva de la Amazonia es un delito que afecta a los colombianos y a la humanidad entera, de acuerdo con lo expresado y pactado en la COP26. Es delincuente el inversionista que contrata y paga por deforestar, y es cómplice el gobierno —local o nacional— que genera condiciones que propician la ejecución del delito.
A su vez, para el asalariado es complejo y grave aceptar un contrato de trabajo cuyo objeto es cometer un delito. ¿La falta de oportunidades y empleo lo exculpa? ¿El derecho al trabajo lo exime de la condición de delincuente? ¿La ignorancia o el desconocimiento de la ley lo excusan? ¿Quién acepta un contrato para cometer el delito es también delincuente? En principio, la ley condena a todos los actores involucrados en un delito. El dilema es: ¿qué opciones crear para evitar que quienes estén presionados por la falta de oportunidades busquen o acepten una recompensa por deforestar?
La solución para el campesino sin tierra no puede seguir siendo ofrecerle tierra en la Amazonia para que deforeste —“haga finca”— y prometerle carreteras y títulos de propiedad. La solución es entregarle efectivamente tierra donde hay suelos aptos para la agricultura y su intervención no conlleve la destrucción de importantes servicios ecosistémicos asociados al bosque tropical biodiverso (BTB). Se requiere tierra para el campesino dentro de la llamada frontera agrícola, donde hay mejores suelos, carreteras y títulos de propiedad, pero el país o las fuerzas políticas no quieren hacer reforma agraria. ¿Entonces qué alternativa tenemos? ¡Otro dilema!
Al campesino no se le puede condenar a la pobreza enarbolando las banderas de la crisis climática, pero tampoco es razonable solucionar su problema destruyendo el BTB regulador del clima. La alternativa sale de Glasgow, con los US$19.000 millones que se comprometieron a aportar 12 países y algunas empresas privadas para conservar el bosque y mejorar las prácticas agropecuarias: con parte de esos recursos se puede comprar tierra a grandes terratenientes que hoy la usan en ganadería extensiva (en el país hay más de 30 millones de hectáreas con ese tipo de ganadería), distribuirla a familias campesinas desposeídas que están hoy derribando BTB y darles acceso a créditos, asistencia técnica y mercadeo para incrementar la producción agropecuaria. Se debe condicionar la posibilidad de venta del predio adjudicado (apoyándose en la reglamentación de zonas de reserva campesina), para que no entre al circuito de especulación predial, opción atractiva para todo terrateniente, incluido el pequeño propietario.
Para que los dineros utilizados en compras de tierras no alimenten la corrupción, es necesario involucrar veeduría nacional e internacional, incluidas ONG ambientales de reconocida trayectoria, que supervisen la ejecución de esos recursos. Hay que buscar un punto de equilibrio para que los propietarios estén dispuestos a vender y, al mismo tiempo, maximizar el beneficio para el campesino como productor y para el planeta al conservar, sin hambre, el BTB y sus servicios ecosistémicos.
Al inversionista que deforesta para implantar ganadería, apoderarse de la tierra y hacer especulación predial vinculando antiguas zonas de BTB al mercado de tierras hay que condenarlo por delincuente. El Gobierno debe dejar de ser cómplice y suspender los incentivos a la deforestación. ¡No más sustracciones de la reserva forestal para titulación individual, ni construcción de nuevas carreteras en zonas cubiertas por BTB! Cumplamos los acuerdos de la COP26.
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