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La Misión Rural y el DNP coinciden en que para superar los problemas de pobreza en el campo hay que comenzar por: cartografía, catastro, títulos de propiedad y vías de acceso.
En las Bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) se reconoce que la incidencia de la pobreza extrema es 3,2 veces mayor en el área rural que en la urbana, que solo el 36,4% de los hogares rurales tiene acceso a la tierra y que el 75% de la población ocupada del área rural tiene un ingreso mensual inferior a un salario mínimo.
Es claro que para la construcción de la paz y la ejecución de los acuerdos de La Habana es necesario reducir la brecha entre el campo y la ciudad, facilitar al campesino productor el acceso a la tierra y, como parte del ordenamiento rural, generar seguridad jurídica en relación con la tenencia de la tierra.
En el PND se dice que la estrategia de transformación del campo trae anexa la estrategia de crecimiento verde, porque la sostenibilidad del crecimiento económico depende también de los aspectos ambientales, y que la mayoría de las metas ambientales en el sector rural están asociadas a la conservación y explotación sostenible de nuestros recursos naturales. Sin embargo, no relaciona la titulación de predios y el desarrollo de las unidades productivas, sean pequeñas o grandes, con la gestión de conservación que debe darse en todas las propiedades.
Como lo menciona el documento de Naciones Unidas “Consideraciones ambientales para la construcción de una paz territorial estable, duradera y sostenible en Colombia” (2014), además de ordenamiento territorial con criterios ambientales, asistencia técnica para impulsar sistemas productivos sostenibles, crédito agropecuario y desarrollo de infraestructura y mercados, es indispensable que en todas las unidades productivas se adelante la conservación de los servicios ecosistémicos, combinando producción y conservación de los recursos naturales.
El ordenamiento predial es la gran oportunidad para definir, en todas y cada una de las propiedades, cuál será el área que debe dedicarse a la conservación y así aplicar el principio constitucional de la función ecológica de la propiedad privada.
El objetivo del PND “Ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra por parte de los pobladores rurales sin tierras o con tierra insuficiente, el uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad bajo un enfoque de crecimiento verde” tiene una meta que dice “Ordenamiento social, ambiental y productivo del territorio”, donde se define como indicador pasar de 576.239 predios “intervenidos por la política de ordenamiento social y productivo del territorio bajo el enfoque de crecimiento verde”, existentes en 2013, a 1’280.000 en 2018. Para esto hace falta incluir otro indicador que asegure que en todos los predios se integre producción y conservación y que en todas las fincas conservemos los servicios ecosistémicos, condición para disminuir nuestra vulnerabilidad ante el cambio climático. Este aspecto le falta al PND como elemento central para el desarrollo rural.
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