La santa licencia ambiental

Hasta hace poco, solo algunos demócratas y los ambientalistas insistíamos en la aplicación del principio democrático esencial que exige la participación activa de las comunidades locales en las decisiones sobre proyectos mineros (y otros) que afecten de manera significativa su entorno. En reacción a esta propuesta, algunos personajes de la vida pública nacional dicen que éstas son posiciones erráticas de ambientalistas radicales, que frenan el desarrollo del país.

Los tiempos cambian. Ahora hasta el papa en su encíclica, después de hacer un llamado a “unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral”, advierte que “en la realidad cualquier intento de las organizaciones sociales por modificar las cosas será visto como una molestia provocada por ilusos románticos o como un obstáculo a sortear”. Luego afirma: “El medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos”. Y señala que “la actividad empresarial, que es una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos, puede ser una manera muy fecunda de promover la región donde instala sus emprendimientos”.

Hilando lo anterior y respecto del impacto ambiental de los proyectos, en la sección que denomina Diálogo y transparencia en los procesos de decisión, dice: “La previsión del impacto ambiental de los emprendimientos y proyectos requiere procesos políticos transparentes y sujetos al diálogo. Mientras la corrupción, que esconde el verdadero impacto ambiental de un proyecto a cambio de favores, suele llevar a acuerdos espurios que evitan informar y debatir ampliamente.” Ratifica la importancia de la transparencia y la participación comunitaria bien informada para la toma de decisiones y se refiriera a lo que llamamos licencias exprés al decir: “La cultura consumista, que da prioridad al corto plazo y al interés privado, puede alentar trámites demasiado rápidos o consentir el ocultamiento de información”. Cierra señalando el agua como prioridad para cualquier análisis del impacto y dice que para su conservación se debe aplicar el principio de precaución. La licencia ambiental no es un trámite burocrático para un SÍ o un NO, debe ser una herramienta de planificación y gestión para la construcción del desarrollo sostenible y equitativo.

La extracción de los recursos naturales no renovables solo se justifica si supera un análisis costo-beneficio social y económico, se realiza generando el mínimo impacto y los excedentes producidos por dicha actividad son invertidos en procesos productivos sostenibles para —como dice el Banco Mundial— mejorar el nivel de ahorro neto ajustado y no sencillamente los indicadores de crecimiento económico de corto plazo.

Es tiempo de que las mayorías de nuestro país, autodenominadas católicas, presionen a quienes pretenden liderarlos para que actualicen su discurso y su práctica en concordancia con su líder religioso quien con fuerza política transnacional, llama y casi obliga a renovar el discurso.

Twitter @Juparus