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En medio de una Colombia convulsionada, en la antesala de la elección de un nuevo gobierno que tendrá que decidir si en Colombia se hace fracking o no cuando el no o el sí al fracking mueven votos, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) acaba de otorgar la licencia ambiental al PPII (Proyecto Piloto de Investigación Integral) Kalé en el Magdalena Medio. Desde hace unos meses el Gobierno le ha metido todo el acelerador al proceso de los PPII, pero todo indica que, como dice el adagio popular, “del afán solo queda el cansancio”, pues la forma de agilizar los PPII es inapropiada, inoportuna e invalida el proceso.
El propósito de los PPII no es aprobar o desaprobar el fracking comercial, es generar mayor conocimiento para que, usando esta información, se realice una evaluación integral costo-beneficio que incluya aspectos sociales, ambientales y económicos. De este modo, en medio de un debate amplio e informado —que se verá influenciado por la política, pues la determinación tiene impactos políticos y sociales—, se podrá tomar una determinación de país respecto a si conviene o no hacer fracking para extraer hidrocarburos en Colombia. El fracking tiene riesgos e impactos ambientales negativos y, además, según se definan los contratos y la participación tanto del Gobierno como de las comunidades en el proceso, puede tener muy diversos impactos sociales y económicos.
Los PPII y los impactos que su ejecución puedan tener son solo insumos para hacer una evaluación prospectiva de lo que puede ser el impacto de multiplicar esta actividad por 10.000 o 20.000. Son otros los impactos asociados a una explotación comercial que aquellos generados por estos PPII. En otras palabras, aun en caso de que los PPII no generen impactos ambientales importantes, esto no significa que la explotación comercial con fracking no los genere. Como ejemplo, con los PPII podemos conocer cuántos barriles de agua y químicos necesitamos para sacar un barril de petróleo, y con esta información podemos evaluar qué riesgos enfrentamos y qué puede pasar en la región si esa actividad se lleva a gran escala, ya no en un pozo sino en 10.000 pozos, aumentando los barriles diarios a 200.000.
Si los PPII se adelantan de manera adecuada, aportarán al proceso de construcción de confianza entre los actores involucrados. Simultáneamente, los PPII permitirán evaluar prospectivamente los impactos sobre oferta y demanda de recursos naturales, los riesgos asociados según los volúmenes de químicos contaminantes, residuos tóxicos e impactos de accidentes y derrames involuntarios que el fracking como actividad comercial pueda generar.
El Gobierno Nacional, en su afán de avanzar, está radicalizando los diversos grupos de interés, dando un paso al vacío y precipitando una movilización masiva en contra del fracking. La premura está desvirtuando los PPII pues, en las actuales condiciones de polarización que vive el país, se ha hecho imposible adelantar de manera armónica y pacífica las acciones necesarias para satisfacer las condiciones previas a los PPII propuestas por la Comisión Interdisciplinaria. No se debe forzar una decisión sin tener la posibilidad de adelantar una evaluación integral costo-beneficio. En mi opinión, los PPII deberían ser suspendidos hasta que las condiciones del país, en el gobierno entrante, ojalá permitan adelantar de manera pacífica y armónica el proceso de investigación con participación comunitaria y de pares académicos propuesto por la Comisión.
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