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SUSPENDER EL USO DEL GLIFOSATO, legalizar el cultivo de coca y perseguir la producción y distribución de cocaína son determinaciones distintas, con argumentos dispares, que obedecen a lógicas diferentes y que no necesariamente se deben meter en el mismo paquete.
La suspensión del uso del glifosato se tiene que hacer por razones constitucionales aplicando el principio de precaución y asumiendo la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho ciudadano a un ambiente sano. Como lo señala Rodrigo Uprimny en su columna del domingo pasado, “Fumigando la razón”, la aplicación del principio de precaución en Colombia es vinculante y por ello hay que seguir la recomendación del ministro de Salud.
Otra cosa es si las fumigaciones son o no efectivas para erradicar los cultivos de coca. A esto se refiere Alfredo Molano en su columna “Guerra al glifosato”, donde hace claridad respecto a cómo el uso del glifosato afecta al campesino y no erradica los cultivos, sólo los desplaza a otros lugares, pues la alta rentabilidad asociada con la ilegalidad hace que los cultivos se reproduzcan, siguiendo las leyes económicas de oferta y demanda.
Mientras el precio de la hoja de coca sea tan alto, el propósito de generar sustitutos a los cultivos de uso ilícito con alternativas productivas sostenibles en el marco de un desarrollo rural integrado es una utopía. Un análisis económico sencillo nos dice que no hay cultivo que pueda competir con la hoja de coca por el precio que resulta de su condición de ilegalidad. Como lo mencionaba en mi columna, en este mismo diario, “Agricultura, coca y cocaína” (noviembre 4/2014), “El cultivo de hoja de coca se caracteriza por: ocupar áreas de cultivo pequeñas y de alta rotación en medio del bosque, desarrollar tecnologías apropiadas y transferencia y manejo de las mismas por parte de las comunidades locales, generar alta demanda en mano de obra tanto en el cultivo como en su procesamiento, encadenamiento productivo, un mercado desarrollado, un buen precio y un alto valor por kilo que permite cubrir un transporte costoso”. La legalización del cultivo es la única herramienta para hacer competir el cultivo de coca con otros. El argumento es económico.
La persecución a la producción, transporte y distribución de cocaína es otro tema. Un tema político que entra no sólo en las conversaciones de La Habana, sino principalmente en el campo de las relaciones internacionales de Colombia, especialmente con Estados Unidos.
En consecuencia, diferenciemos claramente: 1. Debemos suspender el uso del glifosato por razones constitucionales, aplicando así el principio de precaución asociado con el derecho fundamental a un ambiente sano para proteger la salud humana y los ecosistemas. 2. Debemos legalizar el cultivo de la hoja de coca para viabilizar procesos productivos alternativos en el campo colombiano y no perseguir al campesino. 3. Debemos definir y acordar alianzas políticas nacionales e internacionales para la erradicación de la producción y comercialización de la cocaína. La coca es un insumo de la cocaína, como la cebada lo es de la cerveza o la gasolina de las bombas molotov.