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El carácter ilegal del cultivo de coca es un incentivo para que su producción se realice en los Parques Nacionales Naturales (PNN). Para el cultivador de coca lo prioritario no es la propiedad de la tierra en la cual siembra, son los grandes dividendos que su cultivo genera.
Usualmente, el propietario de una mejora o poseedor de una tierra no arriesga su propiedad cultivando coca en su predio. Lo hace fuera, en un lugar donde pueda pasar por un cultivador anónimo y no ponga en riesgo ni su persona ni su mejora.
La alta tasa de ganancia del cultivo la determina el Gobierno al darle el carácter de ilegal. Al elevar el riesgo, sube también el precio del producto. Esta condición es el incentivo que lleva a campesinos y aventureros a invertir en estos cultivos. Si esto fuera legal, el precio bajaría y el incentivo se perdería.
Para el colono campesino empobrecido con los cultivos de pancoger y sus pastizales, los altos precios de la coca son una bendición. Le arreglan el negocio de vivir en la selva. Incluso, no duda en atraer parientes y amigos para que aprovechen la bonanza del viejo cultivo que, al ser declarado ilegal, se convierte en gran oportunidad. Como decía un colono en el documental La ley del monte (1988), el alto precio de la coca fue como un milagro, por ello repetía: “Para mí, Dios y coca”. Con la coca, algunos colonos logran salir de la pobreza.
PNN y reservas forestales son los lugares preferidos para establecer estos cultivos. Al inversionista, que muchas veces es el mismo colono cultivador, le interesa estar en tierras de nadie, o “del Estado, que llaman”. Ser ocupante transitorio es su condición, echar raíces al lado del cultivo genera mayor riesgo para él y su familia. Está allí por los excedentes que el cultivo transitorio e ilegal le genera. Además, supone que si está en un PNN disminuye el riesgo, pues asume que es más difícil que fumiguen su plantación.
El país es tan macondiano, que hace unos meses un campesino decía que quizás era bueno que comenzaran de nuevo las fumigaciones, pues estaba bajando el precio y “una fumigadita podía servir para que el precio repuntara”. Naturalmente, el pequeño cultivador espera que el Gobierno fumigue preferencialmente los grandes cultivos, que no son inversiones de miembros de las comunidades locales, sino de gente de fuera. Cuando hay presión, los pequeños cultivadores se internan y dispersan en las profundidades de la selva con su pequeño “plante”. Los precios altos les permiten sacar el producto con buena ganancia. Las fumigaciones han probado que no significan erradicación y han pasado a ser parte de la dinámica del negocio.
Reforzando los argumentos de la columna “Deforestación, coca y café”, si queremos proteger nuestros PNN y evitar que los cultivos de coca se dispersen en la reserva forestal, no hay más remedio que legalizar el cultivo. Uno de sus efectos es que se trasladarían los cultivos de la selva al interior de la frontera agrícola.
Esto significa legalizar una parte de la cadena productiva, despenalizando al cultivador de hoja de coca y persiguiendo a quienes producen y comercializan cocaína.
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