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El Pacto Histórico prometió en campaña que durante su gobierno no habrá fracking en Colombia. Entiendo y respeto esa determinación política. Sin embargo, difiero respecto a la suspensión indefinida de los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII). Estos, haciendo los correctivos necesarios, pueden ser muy importantes como práctica democrática y generación de conocimiento. Incluso, adelantados con rigor científico, pueden llevar a tomar determinaciones definitivas respecto al fracking en Colombia y otros países tropicales.
Los PPII propuestos por la Comisión de Expertos (2019) se pensaron como un espacio que, con participación de diversos actores —incluidos quienes se oponen al fracking—, generaría conocimiento e información para tomar determinaciones respecto al fracking comercial en Colombia. La información que pueden generar los PPII resulta aún más relevante ahora, cuando países europeos, líderes en la transición energética, consumen gas y petróleo exportados desde Estados Unidos, donde buena parte de los hidrocarburos provienen del fracking (ver “Fracking, guerra y ambiente”).
En el período Duque, los PPII avanzaron de manera inadecuada, incluso hubo amenazas a grupos de oposición, y por ello, desde el Foro Nacional Ambiental, propusimos suspender su ejecución hasta construir condiciones que los validaran. Así lo registré en la columna “Pilotos de fracking: ¡así no!”. Es el momento de generar esas condiciones.
Organizaciones sociales respaldadas por algunos congresistas, que consideran que hay suficiente información y no se deben hacer los PPII, presentaron recientemente un proyecto de ley para prohibir el fracking. Si el Congreso lo aprueba, los resultados de los PPII no tendrán efecto sobre la exploración comercial en el corto plazo, pero eso no significa que adelantarlos no sea útil como práctica democrática de investigación. Desde luego, para que los PPII sean relevantes, se deben corregir algunas acciones, pues se han distorsionado y atropellado procesos, como se señala en “Limitaciones al proyecto piloto de fracking”. A las limitaciones mencionadas en esa columna se suman los cuestionamientos sobre la definición y puesta en marcha del convenio entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Ministerio de Minas y Energía y la Universidad Nacional de Colombia para conformar el Centro de Transparencia (CdT), cuyo objetivo es asegurar la disponibilidad y el fácil acceso de la sociedad civil a toda la información referida a los PPII. Para validarlo es necesario que personas que se oponen al fracking pasen a ser parte del grupo que recibe y analiza la información que llega y sale del CdT; de lo contrario, será inocuo.
Los PPII, si se adelantan en un ambiente pacífico y democrático —con participación de pares académicos independientes y representantes de las diversas organizaciones ciudadanas, tanto las que están en pro como en contra—, resultarán relevantes para discusiones futuras en ámbitos que relacionan minería, bienestar local y gestión de territorios sostenibles. Hacer los PPII no es aprobar el fracking y cancelarlos es un error, más cuando Ecopetrol está dispuesto a financiar el proceso de investigación.
P. D. Evitemos discusiones inocuas. Aun sin fracking, para el período de Petro (2022-2026) está garantizado el abastecimiento de gas y petróleo, y, como se demuestra con la propuesta de reforma tributaria, la extracción de hidrocarburos continuará, pues estos ingresos resultan determinantes para que el Gobierno pueda ejecutar el gasto social propuesto. Esto no invalida que, como señal política, el Gobierno se comprometa a no realizar nuevas concesiones de exploración y asegure que durante su período no habrá fracking.
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