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Mientras el presidente Duque firmaba la Declaración de los líderes de Glasgow sobre los bosques y el uso de la tierra de la COP26, comprometiéndose a detener y revertir la deforestación para 2030, en Colombia su Gobierno era incapaz de frenar la tala que se adelantaba en esos mismos días para derribar el bosque que en enero, febrero y marzo se está quemando. Según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, en este verano las quemas en la Amazonia se han multiplicado con relación a los años anteriores y superan en magnitud e intensidad lo que se ha registrado en este mismo período seco en los últimos diez años.
De enero a la fecha hay más de 1.800 alertas de quemas confirmadas y la mayor parte de ellas están en el llamado arco de deforestación de Guaviare, Meta y Caquetá. Estas quemas, detectadas por el sistema de monitoreo de incendios planetarios de Global Forest Watch, son el resultado de inversiones que se hicieron hace tres o cuatro meses para talar el bosque que hoy está ardiendo.
En estas áreas convergen diversos factores y actores sociales. Las inversiones provienen de un mosaico donde se entrelazan pobreza, riqueza, violencia, narcotráfico y ganadería. La mayor parte del capital invertido en deforestación proviene de grupos asociados a narcotráfico, guerrilla y latifundistas que actúan en el negocio de la especulación predial y el control territorial. Quienes se apropian tierras mediante la deforestación en muchos casos encuentran a actores gubernamentales y privados (mineros) que con inversiones en carreteras valorizan los predios. Esto beneficia a quienes han invertido en deforestación y actúan como propietarios legítimos —cuando el Gobierno sustrae la reserva forestal y adelanta la titulación— o ilegítimos —cuando están en reserva forestal— en medio de un mercado informal de tierras. Estos territorios, una vez deforestados, quedan a la espera de una futura sustracción que sistemática e históricamente ha adelantado el Estado colombiano, que lo convierte en cómplice histórico de la deforestación.
En espacios dominados por la deforestación para especulación predial está el colono-campesino, que tala para sobrevivir y es víctima de la confrontación armada que se da en esos territorios. Confrontación entre grupos irregulares y de estos con fuerzas oficiales del Gobierno que buscan evitar —en el caso de estas últimas— y controlar —en el caso de los grupos ilegales— la producción de hoja de coca, la comercialización de la pasta base, la operación de laboratorios para producción de cocaína y el dominio de los corredores para el movimiento del narcotráfico.
El incremento de la tala de bosque a finales del año pasado y la quema masiva este año, coadyuvada por el intenso verano, generan un grave impacto sobre los bosques y demuestran con hechos la incapacidad del gobierno Duque para frenar la deforestación.
Sin embargo, no todo está perdido. La solución no son helicópteros apagando incendios, sino una estrategia para evitar la especulación predial y el manejo del territorio por grupos irregulares. Esta debe iniciar con una declaración del Gobierno anunciando que no habrá sustracción ni titulación en los territorios ilegalmente talados. El Gobierno debe movilizar la institucionalidad para evitar que en las grandes áreas quemadas, con propósitos de control territorial y especulación predial, se siembre pasto y se introduzca ganado. Allí se debe adelantar un proceso de restauración del bosque y generar con esta actividad empleo formal para quienes el año anterior trabajaron con motosierras al servicio de los grandes deforestadores.
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