Salgar, desastre gestionado

Los diagnósticos ya están hechos, las recomendaciones están escritas, pero hacemos caso omiso. O actuamos y somos eficientes en la gestión ambiental o los desastres se repetirán cada vez con mayor frecuencia e impacto. Esto no solo es responsabilidad de las autoridades ambientales sino también de la sociedad civil. La legislación ambiental colombiana es un tesoro escondido, ignorado y desconocido. Como colombianos no hemos entendido que su aplicación va en beneficio de todos. No legislamos para impedir el desarrollo. La legislación ambiental colombiana es un marco de referencia para el bienestar social y la sostenibilidad económica, social y ambiental de todos.

La protección de las cuencas y la recuperación del bosque en la rivera de ríos y quebradas no son un invento reciente y están previstas en buen número de planes de ordenamiento territorial, pero se ignoran o se realizan de forma insuficiente. Alcaldías, CAR y comunidades debemos actuar.

Hay que adelantar esfuerzos efectivos y eficientes para mitigar la variabilidad climática, manifiesta en sequías extremas (Caribe y Guajira) y en fuertes y arrasadoras lluvias (Pacífico, Antioquia y Valle). Modelos globales e información generada y difundida por el Ideam nos alertan sobre estas dinámicas y sus riesgos, pero no adelantamos las acciones requeridas para mitigar sus efectos. Cada día somos mejores para atender desastres, pero los recursos para prevenirlos los dilapidamos.

El país y nuestras autoridades siguen pensando que usar menos del 1% de los recursos públicos en gestión ambiental es justo y suficiente. No es suficiente. Sin embargo, un mayor presupuesto no garantiza la solución del problema. Una condición necesaria es usar los recursos asignados de manera honesta, efectiva y eficiente. Para que esto se dé, cualquiera que sea el monto, debe haber máxima transparencia en la manera como se asignan y usan los recursos públicos y esto debe acompañarse con una activa participación ciudadana de supervisión y cogestión.

Más urgente que aumentar el presupuesto es hacer mejor uso de la legislación y los recursos existentes. En el corto plazo, y con lo que hoy tenemos, podemos hacer mucho más, pero se requiere una alianza público-privada por la transparencia.

Todas las instituciones públicas que de una u otra manera manejan recursos para la gestión ambiental deben publicar mensualmente cómo están usando los recursos públicos; qué monto usan para cada actividad y quién es el funcionario responsable de adelantar la gestión; qué tipo de participación ciudadana se requiere y qué resultados se están alcanzando.

Desastres como el de Salgar nos deben llevar a mejorar la gestión ambiental, tanto pública como privada. La sociedad tiene que actuar y presionar, y las CAR y las alcaldías deben ser más transparentes en el uso de sus recursos. Con lo disponible podemos y debemos hacer mucho más.

@Juparus