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COLOMBIA ESTÁ AVANZANDO Y POco a poco se ubica como una de las economías más importantes de América Latina.
Sin embargo, hay temas en los cuales nos parecemos más a África que a los países líderes de nuestra región. Uno de ellos es la precariedad en la aplicación de la legislación referida al ordenamiento ambiental del territorio (OAT). Esto se manifiesta en el deterioro de nuestras cuencas hidrográfica, en las concesiones mineras, en la expansión de frontera agrícola en zonas de vocación forestal y en propuestas de producción de agrocombustibles a costa de la producción de alimentos.
Se está discutiendo en el Congreso el tema del OAT y se debate si debe ser potestad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Paradójicamente y dado que el OAT está ligado a múltiples temas ambientales, la principal razón por la cual Colombia ha sido calificado como uno de los 10 países líderes en el mundo en términos de gestión ambiental es porque existe una legislación que ha permitido que en diversos momentos de la historia, cuando se han considerado como tierras marginales, la delimiten reservas indígenas, tierras comunales de afrodescendientes, parques nacionales, reservas naturales de la sociedad civil y reservas forestales nacionales, que hoy ocupan cerca del 50% del territorio. Falta ver cómo evolucionan las instituciones y las prioridades gubernamentales para ver si estos territorios se conservan cubiertos por ecosistemas naturales o si son entregados a la minería, la agroindustria y la exploración petrolera.
El OAT no es sólo relevante para la ruralidad, la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad, lo es también para el desarrollo urbano y la conservación de recursos vitales como el agua para el consumo humano. Un buen ejemplo que no me canso de utilizar y repetir para evidenciar la relación entre los servicios ambientales que prestan los ecosistemas naturales, la economía y la calidad de vida es el caso del agua de Bogotá, que sobresale no sólo por su calidad, sino porque la conservación del ecosistema natural del páramo de Chingaza, significa para los ciudadanos un ahorro de 15 millones de dólares al año. El ecosistema natural de Chingaza es quizá el que mayor aporte hace a la economía colombiana por unidad de superficie conservada, pero hay muchos casos similares en otras ciudades como Cali con el Parque Nacional Natural de Farallones, o en menor escala Villa de Leyva con el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, entre otros.
A nivel macro y en términos económicos y de relaciones internacionales, algo similar empieza a ocurrir con los bosques tropicales. Brasil ya recibe por disminuir su tasa de deforestación una compensación de más de 1.000 millones de dólares y Colombia está preparando su estrategia de disminución de la deforestación y la degradación de los bosques y la conservación de los ecosistemas naturales que, si se asume como una prioridad del Estado, dará en el corto plazo un gran espacio de negociación en la arena política y económica internacional.
El OAT es un tema crítico en un país donde aún más del 60% de su territorio está cubierto por ecosistemas naturales y donde las presiones de transformación son fuertes. Para mí, es claro que las funciones rectoras del OAT deben ser asumidas por el Ministerio de Ambiente y el Desarrollo Sostenible e implementadas por todas las instancias gubernamentales y la sociedad civil. En el OAT todos tenemos que trabajar y es tiempo de tomar distancia de las administraciones africanas y demostrar que tenemos capacidad e institucionalidad para hacer OAT con criterios económicos de largo plazo y en el marco del desarrollo sostenible.
Columna completa en: www.elespectador.com
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