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Gustavo Petro y Francia Márquez deberán hacer un esfuerzo claro y decidido para cerrar las brechas en educación e impulsar la transformación pedagógica que les debemos a las nuevas generaciones. Eso solo será posible con un gran acuerdo nacional como el que permitió al país sacar adelante la Ley General de Educación en 1994.
Los últimos años han sido especialmente críticos para la calidad y la equidad en educación. Como indican las dos tablas que he elaborado con los resultados SABER 11, en calidad educativa hemos retrocedido de manera muy preocupante durante los últimos seis años. Cada año alcanzamos resultados un poco peores que el anterior. En 2016 uno de cada tres egresados comprendía los conceptos esenciales de las Ciencias Sociales y Naturales (según SABER 11, son los estudiantes que aprueban el nivel tres), en tanto hoy tan solo los comprende uno de cada cuatro. En procesos de pensamiento el problema es más grave: solo dos de cada 100 estudiantes pueden aplicar y transferir dichos conceptos a otros contextos (los que alcanzan el nivel cuatro). La situación es dramática y, contrario a lo que ha dicho el MEN, el problema no se puede explicar por la pandemia, porque el covid-19 inició en 2020 y la calidad viene en picada desde 2016.
En Colombia no se ha tomado ninguna medida importante para revertir la tendencia negativa en equidad. La más trascendente de todas se tomó en 2011, fue el Programa Todos a Aprender (PTA), pero se debilitó significativamente desde 2015, después de la posesión de Gina Parody como ministra de Educación, pues ella se dedicó más a su futura campaña política que a disminuir las brechas y mejorar la calidad. Por ese motivo el efecto positivo del PTA en la educación rural ha sido muy limitado.
Para complejizar el panorama, y tal como lo reconoció la Corte Constitucional, el gobierno de Iván Duque no garantizó de manera integral el derecho a la educación durante la pandemia. La mayoría de estudiantes no recibió educación durante 2020 y 2021. El gobierno no convocó a las secretarías de educación ni a los rectores y profesores para garantizar el derecho a estudiar. La mayor parte del tiempo estuvo enfrentado con los docentes y con las escuelas cerradas. Además, el avance que realizamos en conectividad se hizo a paso de tortuga. Esto explica por qué aumentó la deserción, se siguió deteriorando la calidad de la educación y aumentaron las brechas entre la educación pública y la privada, así como entre la rural y la urbana.
¿Qué debería hacer el nuevo gobierno para mejorar la calidad y cerrar las brechas? Convocar un gran acuerdo nacional para enfrentar un problema que se gestó y se agravó durante las dos últimas décadas, pero muy especialmente en los últimos seis años.
Primero. La nación tiene que garantizar el derecho a la educación para todos los niños y niñas menores de cinco años. Eso, que se estableció en 1994, todavía no se cumple. El Estado ha violado de manera sistemática la ley y por eso tiene una deuda inmensa con los menores. La propuesta de la Misión de Sabios es lograr la universalización progresiva de la educación inicial entre 2020 y 2028. Sin duda, esa es la ruta. Sin embargo, no avanzamos durante el gobierno de Duque, lo que explica que sigamos claramente atrás de América Latina, ofreciendo una educación de muy baja calidad a los hijos de las familias más pobres y desconociendo el derecho de los menores a su educación.
Los estudios mundiales son contundentes: la inversión en educación inicial es la más rentable que conoce la humanidad. Un niño con educación inicial aprende más, lee y piensa mejor y tiene mayor socialización y probabilidad de llegar lejos. En Colombia, tan solo el 30 % de los niños menores de cinco años asiste a un espacio educativo. La gran mayoría de quienes no lo hacen viven en el campo y en hogares pobres de las grandes ciudades. La llave maestra para resolver este problema se llama educación inicial de calidad para todos. Pero los gobiernos anteriores han cerrado esa puerta con candado. Sin exagerar, se puede afirmar que ya en primero de primaria millones de niños de hogares pobres han perdido la oportunidad para salir de la pobreza.
Afortunadamente, el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez es consciente de la magnitud y gravedad del problema, aunque el énfasis de su campaña estuvo en la educación superior. La explicación es clara: los niños menores de cinco años no salen a las calles a protestar y no votan.
Segundo. La formación de los maestros en Colombia es de baja calidad. Los estudiantes con menor puntaje en SABER 11 son quienes estudian licenciaturas y desde 2012, sin excepción, los futuros docentes obtienen los puntajes más bajos en lectura crítica, razonamiento numérico y competencias ciudadanas en las pruebas SABER PRO. Por eso la llegada de profesionales de otras áreas es conveniente y necesaria para mejorar la calidad y transformar la educación y, por lo mismo, se equivoca Fecode al proteger al gremio en detrimento de la calidad.
La Misión internacional de Sabios propuso la creación de Institutos Superiores de Investigación en Educación (ISIE) para formar a los maestros que impulsarán la transformación pedagógica. Nuevamente la Misión acierta en su diagnóstico y solución. Tenemos que cualificar la formación de los futuros docentes. Debe ser por competencias, con énfasis en investigación, integral y contextualizada, además de estar articulada con la educación básica. Además, se debe fortalecer el trabajo en equipo y consolidar en los futuros docentes las competencias que van a desarrollar en sus estudiantes. Hoy nada de eso se cumple.
De manera paralela a la formación de los nuevos docentes, es necesario un programa nacional de formación para la mayoría de quienes actualmente ejercen la profesión. Sería un proceso virtual, pertinente, contextualizado y regional. La meta es preparar a los docentes para iniciar la transformación pedagógica que les debemos a las nuevas generaciones.
Tercero. En 2020, Finlandia eliminó las asignaturas para trabajar por proyectos que permitan desarrollar las siete competencias que consideran esenciales. Por su parte, España ha priorizado en su nueva reforma curricular los aprendizajes que considera imprescindibles. Ya Chile en 1998 se había acercado parcialmente a ese propósito. En Colombia, por el contrario, cada día los estudiantes han tenido que estudiar más asignaturas y recibir un número mayor de informaciones descontextualizadas.
Necesitamos una profunda reforma curricular. La Misión de Sabios propuso el Aprendizaje Basado en Investigaciones (ABI), otros han sugerido el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y la SED muy parcialmente ha introducido los campos de pensamiento. Nosotros hemos puesto a prueba una estrategia diferente durante más de tres décadas: priorizar las competencias para pensar, comunicarse y convivir, y articular todas las asignaturas en torno a esas tres competencias transversales. Nuestra propuesta fue validada con éxito en Tunja y actualmente la estamos llevando a 45 colegios públicos de Bogotá en un plan a cuatro años, de los cuales llevamos dos.
Pero independientemente de esto, el país tiene que sentarse a discutir en torno a un lineamiento curricular más pertinente, integral, flexible y contextualizado. Así fue establecido en el Plan Decenal 2017-2026. Sin embargo, tan pronto se posesionó, Iván Duque desconoció por completo el Plan, prohibió el uso de la palabra paz en educación y comenzó a trabajar de tumbo en tumbo, hasta llevar al país a la crítica situación de calidad y equidad en la que nos encontramos en la actualidad.
Cuarto. El 20 de julio de 2021, en la instalación del Congreso, el presidente dijo que había logrado convertir en centros digitales al 100 % de los 14.700 colegios rurales del país. Era mentira y él lo sabía. El día anterior se había declarado nulo el contrato con Centros Poblados por presentar documentación falsa e incumplir los plazos. La plata para la conectividad de los niños terminó en manos de los contratistas y depositada en paraísos fiscales. Sin embargo, sabiendo que llevábamos solo el 4,7 % de colegios rurales con conectividad, el presidente dijo que ya habíamos alcanzado la meta final. Es por eso que estamos en la parte de atrás en conectividad en América Latina, con tan solo un 24 % de los hogares rurales conectados a las redes digitales.
El nuevo gobierno tendrá que establecer una meta de cobertura del 100 % en 2027 para los colegios públicos y los estudiantes de bachillerato, de manera que se garantice el acceso a la cultura y la ciencia acumulada en las autopistas digitales para todos los jóvenes del país, pero muy especialmente para los hijos de las familias más pobres y quienes viven más distantes de los centros urbanos.
Esta inversión tendrá que estar acompañada de otra que garantice colegios dignos en todas las regiones del país. La pandemia ratificó que miles de instituciones educativas no cuentan con las condiciones mínimas para el proceso educativo: profesores suficientes, agua potable, ladrillos, baños, sillas y espacios adecuados. No estamos hablando de lo máximo, sino de lo mínimo. Una y otra vez han mentido los gobiernos cuando dicen que vienen aumentando los recursos para la educación. En términos del PIB, la inversión actual es del 4,5 %, la misma que tuvimos en 1999. Por décadas, la guerra le quitó los recursos a la educación y la salud. Un gobierno comprometido con impulsar de manera íntegra los Acuerdos de paz deberá retornar esos recursos para garantizar el desarrollo integral de los niños en Colombia.
Quinto. Nada cambiará si no fortalecemos el trabajo en equipo en las escuelas. Necesitamos cohesionar a la comunidad en torno al PEI, favorecer la participación de los estudiantes, padres y profesores y consolidar el liderazgo de rectores y coordinadores. Las fuerzas políticas, sociales y civiles firmaron en 1994 un gran acuerdo nacional: la Ley General de Educación. Allí estuvieron presentes Fecode, el MEN, los partidos políticos, el Congreso y la sociedad civil. Según la sabia expresión de Abel Rodríguez (QEPD), expresidente de Fecode y exsecretario de Educación de Bogotá, la Ley 115 de 1994 fue “el acontecimiento más importante de la educación durante la segunda mitad del siglo pasado”. Sin embargo, el proceso fue abruptamente suspendido cuando llegaron al poder Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Desde ese momento se inició la contrarreforma educativa y los dos gobiernos buscaron implementar reformas para debilitar la educación pública, destruir su sindicato y aislar a los maestros. Lo grave es que lo único que han logrado es elevar las brechas educativas, deteriorar la calidad y destruir la esperanza de los docentes.
La nueva reforma que se deberá implementar a partir del 7 de agosto de 2022 debería convocar nuevamente a los partidos políticos y a las comunidades educativas para retomar el espíritu de la Ley General de Educación. Además, deberá garantizar una educación más pertinente y contextualizada. La meta es muy clara: recuperar la esperanza que han perdido los docentes en la transformación pedagógica. Hoy quien ingresa a un colegio público tiene muy altas probabilidades de permanecer en la pobreza. Eso solo podrá cambiar el día que elevemos de manera significativa la calidad de la educación pública.
En la campaña casi no se discutieron las propuestas educativas. Sin embargo, hoy ya tenemos un nuevo presidente y tendremos que asumir entre todos el reto que ningún gobierno ha adoptado de manera estructural y responsable: trabajar para disminuir las brechas y mejorar la calidad. Para lograrlo, necesariamente hay que hacer cosas distintas para que los resultados sean diferentes. Solo así lograremos que la educación se convierta en un motor del desarrollo y de la movilidad social de las nuevas generaciones.
El siglo XX en Colombia se extendió hasta el año 2021. El 7 de agosto de 2022 inicia el siglo XXI. La transformación política que se inicia en Colombia deberá consolidar la paz, la democracia y la educación. Será una tarea compleja, colectiva, de largo plazo y que no podrá llevarse a cabo sin un cambio profundo en el sistema educativo. Con el concurso de todos, ¡lo vamos a lograr!
* Director del Instituto Alberto Merani (@juliandezubiria)
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