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Maduro cerró la frontera el 21 de agosto.
Desde entonces, los funcionarios de los dos países se esfuerzan para dar la declaración más cretina. El fiscal Montealegre dijo el 28 de agosto que le solicitaría a la Corte Penal Internacional una orden de captura contra Maduro. Angustiado por la audacia de su archienemigo, el procurador Ordóñez citó ese mismo día a una rueda de prensa urgente y mostró a las cámaras la carta que acababa de enviar a la Corte exigiendo de manera perentoria la expedición de la orden contra Maduro.
Me lo papié, pensó Ordóñez.
¡Por Dios! Si Obama, el sheriff del planeta, no se ha atrevido a pedir la captura de Diosdado, un chafarote; si el imperio no ha podido extraditar narcos venezolanos de segundo nivel, ¿cómo pueden estos burócratas pedir la captura de un presidente en ejercicio? Lo mejor es que el fiscal se limite a lo que sabe, a engavetar el negociado de SaludCoop, y que Ordóñez lance una cruzada para prohibir, al menos en público, las pruebas de afecto entre contratistas y funcionarios.
Antes que nadie, el 25 de agosto, Uribe estuvo en Cúcuta y repitió siete veces el mantra castrochavista (“Aquí no hay integración sino una dominación de la dictadura castrochavista”) y denunció con profundo dolor de patria que el Gobierno no atiende las necesidades de los repatriados. Parecía un agente de Maduro tratando de responsabilizar a Santos de la crisis.
Luego, decenas de columnistas colombianos se pusieron históricos y hablaron de paramilitarismo y desplazamientos y de la responsabilidad de Santos y Uribe en los problemas del país en general y de la frontera en particular. Todo esto es cierto, pero desvía la discusión del punto central: la crisis es generada por una pérfida jugada de Maduro y agravada por los atropellos de la Guardia Nacional.
Mención aparte merece la declaración de la canciller venezolana: “Eso (los refugiados atravesando el río con los colchones, los niños y las neveras al hombro) es un montaje mediático”; y el general venezolano que dijo que fueron los mismos colombianos los que habían derribado sus casas.
La OEA no se quedó atrás y votó contra la realización de una reunión de cancilleres para discutir el problema. Nadie estaba pidiendo una moción de censura, ni mucho menos una condena contra Venezuela. ¿Para qué sirve una “organización” que ni siquiera puede abrir un espacio de diálogo entre dos de sus miembros?
Maduro exige, para empezar, que Santos acabe con el contrabando, el mercado cambiario y el paramilitarismo. ¡Haberlo dicho antes, Nicolás!
Ernesto Samper se anticipó a todos. Un día antes, el 20 de agosto, trinó: “Hace un año denunciamos el peligro de la intromisión de los paramilitares colombianos en Venezuela”. Al día siguiente Maduro cerró la frontera. El trino se divulgó el 22 y Samper quedó como un apátrida. “Hubo una infortunada coincidencia temporal”, le dijo a El Espectador el domingo pasado.
Creámosle.
Pero allí mismo volvió a meter sus paquidérmicas patas. Le preguntan: La canciller venezolana asegura que la crisis es producto del escándalo mediático colombiano y pidió al gobierno de Santos “controlar” la prensa. ¿Qué opina usted?
(La despistada señora piensa que aquí, como allá, el presidente puede controlar la prensa).
Y Samper responde: “Pienso que para solucionar esta crisis todos deben calmarse. El papel de los medios es clave. ¿Cuáles son los límites? La autoregulación”.
Es decir: la crisis no se resuelve atacando los problemas sociales de la frontera ni exigiéndole a Maduro elementales consideraciones humanitarias, sino mediante una autocensura de los medios colombianos. Bojote locuta.