El presidente en ‘zugzwang’

La causa de la encrucijada de Santos fue el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que ratificó la condena de 30 años de cárcel contra el coronel (r) Plazas Vega, ordenó a las Fuerzas Armadas pedir perdón público a las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia y a la sociedad, y solicitó a la Corte Penal Internacional que investigue al expresidente Belisario Betancur. ¡Casi nada!

Que las Fuerzas Armadas hicieron “uso excesivo de la fuerza” en ese desgraciado episodio, es algo que nadie discute; a menos que convengamos que cañonear un edificio repleto de civiles no es una bestialidad (hasta Turbay lo habría hecho mejor, como lo demostró en la toma de la embajada dominicana).

También es claro que el coronel es culpable porque fue el director in situ de la operación; y Belisario también, no por ser el comandante supremo de las FF.AA. sino porque esa noche, la del 6 de noviembre de 1985, le dijo al país que él había ordenado personalmente el ataque de la retoma. Claro que él no ordenó nada. El Ejército contraatacó desde el primer momento de la toma y el Consejo de Ministros sólo se reunió varias horas después. Por esto Belisario carga con la ignominia de ser apenas el testaferro de la peor masacre de la historia del país. Es una lástima porque ha sido el presidente más comprometido con la paz. Pero no supo pensar bajo presión, capacidad clave de un estadista. Debió escuchar el desesperado clamor de Alfonso Reyes Echandía, parar los cañones y llamar a Turbay.

A pesar de su mal juego, Santos tuvo que hablar. Guardar silencio habría sido un gesto de muy mal recibo en las FF.AA., que aún no se tragan el sapo de que el presidente haya “desfarquizado” la agenda del Gobierno. Como si fuera poco, el fallo coincidió con la escalada terrorista de las Farc. Y de las bacrim. ¿Y de un sector de las FF.AA.? ¿Es decir, de un pool de “los enemigos agazapados de la paz”, como los ha llamado siempre Otto Morales Benítez? (Detente, cálamo…).

Pero al defender a Plazas, Santos ofendió a las víctimas de la violencia en Colombia, cuya defensa es justamente la más noble y urgente de sus promesas de gobierno. ¡Cuya defensa es justamente la condición sine qua non de la anhelada paz!

En noviembre, en el aniversario 26 del holocausto, Santos les dijo a las familias de las víctimas: “Voy a luchar por encontrar la verdad, por dolorosa que sea”. Y días antes del fallo participó en una manifestación popular en Barranquilla que buscaba apoyar a las víctimas de la violencia y contrarrestar el poder de las bacrim en la Costa.

Hay otra cosa que debe tener muy molesto al presidente. Hasta ahora, respetar las decisiones de la justicia era su mejor carta para diferenciarse de Uribe. Y no hay nada más humillante, se sabe, que terminar pareciéndose a los enemigos.

No es imposible que Belisario termine mañana respondiendo ante la CPI. Es probable. Aunque Colombia firmó el estatuto de Roma que creó la CPI mucho después de la toma, en agosto de 2002, “la desaparición de personas es un delito progresivo: se mantiene en el tiempo hasta que se establece el destino final de las víctimas”.

También pueden terminar allá Petro y Navarro. Ignoro si ambos hacían parte de la cúpula del movimiento (Navarro definitivamente sí) y cuáles eran sus jerarquías en el organigrama del M-19. Pero como miembros importantes de una estructura vertical, es claro que tienen algún grado de responsabilidad en la tragedia.