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La semana pasada se supo que Raúl Muñoz Linares, oficial retirado del Ejército, busca acogerse a la JEP, Justicia Especial para la Paz. La noticia resonó en los medios por el cinismo que encierran las pretensiones del exmilitar, un sujeto condenado por la violación de dos niñas y el asesinato de tres niños, hechos que, obviamente, no guardan ninguna relación con el conflicto colombiano ni con el ejercicio de su profesión, y por lo tanto no tienen cabida ni siquiera en los sanitarios en la JEP.
Los hechos ocurrieron así.
El 2 de octubre de 2010 el subteniente Raúl Muñoz violó a una niña de 16 años en una vereda de Tame, Arauca. Luego la obligó a orinar y a bañarse en el río.
De regreso al campamento, Muñoz se bañó y se rapó la cabeza. La madre de la niña viajó hasta Tame para poner el caso en conocimiento de la Defensoría, pero no le recibieron la denuncia porque le faltaba una fotocopia. Lex dura…
En los 11 días siguientes, nadie hizo nada para detener a Muñoz.
El 14 de octubre Muñoz llegó a la casa de una chagra donde estaban tres niños, Yenni Torres de 14 años y sus dos hermanos de nueve y seis años. Llegó a una hora en que los niños estaban solos (él lo sabía, les había hecho “inteligencia”), violó a Yenni y mató a los tres niños a machetazos y enterró los cuerpos. La parte del expediente que conocí no aclara el orden de los sucesos. No explica si Yenni vio morir a sus hermanos antes de ser violada, o si los niños tuvieron que presenciar la violación de su hermana mayor.
Luego Muñoz se bañó y se cambió el camuflado en el campamento.
Lo que siguió no es menos infame. La juez del caso fue asesinada por denunciar que los abogados de Muñoz trataron de enlodar la reputación de las dos niñas violadas, que acusaron a sus padres de ser subversivos y que interrogaron a los habitantes de la vereda de manera agresiva.
Pero faltaba lo mejor. No era cualquier equipo de abogados. Pertenecían a Dimil, Defensoría Militar Integral, una empresa “privada” que funciona con aportes de miembros de la Fuerzas Armadas, tiene oficinas dentro de los cuarteles y aparece en los organigramas como un despacho dependiente de la oficina de Desarrollo Humano del Ejército Nacional. Nadie explicó por qué los abogados viajaban a Tame en helicópteros del Ejército, ni por qué recibía Muñoz asistencia legal por delitos sexuales, que no están cubiertos por Dimil, ni por qué fue admitido en la Escuela Militar pese a que la prueba psicológica mostraba tendencias maniacas. En el test, Muñoz arrojó “una escala clínica elevada, con un MA de 83/100. El nivel normal va hasta 63/100”. ¿Lo recibieron justamente por su alto MA? (Ignoro qué significan estas letras. ¿Maniaco triple A?)
En octubre de 2012 Muñoz fue sentenciado a 60 años de prisión por un juez civil. La psiquiatra que lo examinó dijo que Muñoz no estaba loco, que era un predador sexual nato, que no mostraba remordimientos de ningún tipo y dormía muy bien.
No es mi intención sacar conclusiones generales de este caso, ni sugerir que el Ejército sea una empresa criminal. Pero es innegable que con frecuencia sus tribunales ponen la solidaridad de cuerpo por encima del derecho penal. En esto son muy semejantes a los tribunales eclesiásticos, que temen al escándalo más que al pecado y terminan encubriendo al cura pedófilo para salvar el buen nombre de la institución.
Es de esperar que la JEP no admita la solicitud de Muñoz; y si la admite, que su caso no lo lleven los magistrados militares que serán nombrados allí en estos días; y si lo llevan, que la JEP los blinde contra las presiones de dos coroneles que apoyan a Muñoz y cuyos nombres omito aquí porque me muero del susto.
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