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Es lógico que el Grupo de Lima rechace una intervención militar en Venezuela: la diplomacia es así. Es natural que muchos compartan la opinión del Grupo: la guerra es un horror. Lo que quieren ignorar muchos maduristas vergonzantes (por ejemplo, Petro) es que el pueblo venezolano está en guerra hace años (sí, querido lector, también sufren guerras los pueblos de Colombia, Siria y Haití, pero es que dispongo de 600 palabras, no de la página entera).
Nota: cuando digo “pueblo venezolano” me refiero a esa inmensa mayoría que barrió al oficialismo en las últimas elecciones legítimas, las legislativas de diciembre de 2015. Sin garantías de ninguna especie ni candidatos de la oposición, las elecciones posteriores han sido una farsa grotesca.
Retomo. El pueblo venezolano está en guerra contra una maquinaria descomunal: un poderoso aparato militar, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y dos ejércitos paramilitares: los colectivos motorizados y los Pranes (no contemos al Eln, Hezbolá, China ni Rusia, parceros íntimos del régimen, ni a los medios de comunicación, todos oficialistas, ni a los tres poderes del gobierno, todos en manos del régimen).
Los colectivos motorizados son muchachos a los que el régimen les entrega motos de alto cilindraje y armas de asalto. Los creó Chávez para enfrentar, hace 15 años, “la inminente invasión del ejército del imperio”. Maduro dice que son 50.000, pero nadie conoce la cifra exacta de motorizados. Ni de nada. Ni el régimen tiene cifras de suicidios, homicidios, desnutrición, refugiados, presos políticos, deserción escolar, etc.
Mientras llegan los marines, los motorizados se dedican al rebusque y, cuando hay protestas populares, a la represión y al terrorismo. Imagínese usted lo que es ver pasar por su calle 60 o 70 muchachos motorizados, embozados, vestidos de civil y armados con ametralladoras y fusiles de largo alcance.
Los Pranes son el cartel de las cárceles. Controlan todo lo que pasa intramuros y buena parte de lo que sucede afuera. Si aquí hubo una “catedral”, allá hay 50. Lo resumo así: el Cartel de los Soles controla el delito al por mayor: 12 ministerios, concesiones mineras, narcotráfico internacional, caravanas kilométricas de los carrotanques de los generales con gasolina de contrabando para Colombia y Brasil.
El “pranato” controla la minería artesanal, la seguridad de las grandes mineras, el microtráfico, el secuestro, el gota-gota, el contrabando de ganado (el Eln controla la “franquicia vacuna” en las tochas de la frontera), la distribución de las cajas de alimentos CLAP, etc.
La jefa de los Pranes es Iris Varela, ministra del Poder Popular Penitenciario.
La relación del gobierno con Hezbolá está documentada: Tareck El Aissami, el ministro de Industria, tiene circular de Interpol por su vinculación con el grupo islámico, y Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, lució la bufanda de Hezbolá el domingo pasado, cuando reivindicó, tácita y cínicamente, la quema de las tractomulas y la masacre de indígenas del sábado 23: “Eso fue apenas una muestrica de lo que podemos hacer”, dijo la señora.
Pensar que este conglomerado mafioso entregará el poder a punta de más diálogos, o de cercos diplomáticos parciales o por un bloqueo económico parcial, es ingenuo.
A pesar de los riesgos innegables, un amplio sector del pueblo venezolano está pidiendo a gritos una “intervención militar focalizada contra objetivos estratégicos” para ponerles fin a años de hambre y humillaciones, de familias desmembradas por un éxodo que no tiene precedentes en la historia de América. Para ponerle fin al dolor de saber que sus hijos están durmiendo en los andenes de ciudades extranjeras.
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