Las cifras de la restitución

Es falso que la mayoría de los reclamantes en los procesos de restitución son avivatos que tratan de pescar en río revuelto, como alegan los terratenientes y algunos funcionarios del Gobierno. El 98% de los reclamantes de tierras son verdaderas víctimas. En realidad los “vivos” están en la otra orilla: el 89% de los opositores son falsos propietarios (“opositor es la persona que se considera con igual o mejor derecho sobre el predio que está reclamando la víctima, y debe probar que adquirió la tierra sin aprovechar las condiciones de violencia”. Artículos 78, 87 y 88 de la Ley 1448 de 2011).

Hay un dato que debía tener prendidas las alarmas de la Justicia: el 50% de las oposiciones han sido presentadas por solo 10 personas, paracos prominentes todos, entre estos Álvaro Mesa Cadavid, hermano del diputado Rodrigo Mesa, conocido por su lírica frase: “Meterle plata al Chocó es como perfumar un bollo”.

Entre las empresas que beneficiadas de la violencia para adquirir tierras o títulos mineros, figuran La Continental Gold, Anglogold Ashanti, Sociedad Agropecuaria Carmen de Bolívar, Exploraciones Chocó Colombia y varias sociedades palmicultoras.

Los paramilitares son responsables del 81% de los despojos de tierras, la guerrilla del 9% y las Bacrim del 5% (es una cifra pobre, pero hay que entender que las Bacrim llevan poco tiempo trabajando).

De las 360.000 solicitudes de restitución esperadas, sólo se han presentado 73.127; de estas, sólo un 2% ha sido resuelto por los jueces y el 84% está represado por “microfocalización”, un trámite relacionado con la seguridad en la zona donde se va a restituir el predio despojado. Aunque el trámite se surte ante un comité de funcionarios de Mindefensa y la Procuraduría, el locuaz procurador no ha dicho una sola palabra sobre este represamiento.

Si sigue el mismo ritmo, en el 2021 se habrá alcanzado sólo el 4,4% de la meta de restitución.

La ejecución también ha sido pobre. En los últimos tres años, la Unidad de Restitución de Tierras Despojadas no ejecutó $ 157.709 millones, el 41% de su presupuesto.

Pero la peor paradoja se da entre la inversión del programa y el valor de los predios: mientras el Estado ha invertido $ 837.000 millones en el proceso de restitución, los predios restituidos solo valen $ 263.000 millones; es decir, que lo invertido es tres veces más que lo restituido.

No todo es malo: el 96% de las sentencias han favorecido a las víctimas.

En términos absolutos, estas cifras son muy raquíticas. Claro que si comparamos la situación actual con cualquier otro periodo de nuestra historia, cuando ni siquiera existían las cifras ni la Ley de tierras y víctimas ni los despachos relacionados, la administración Santos es francamente revolucionaria y hasta se merece el calificativo de comunista que algunos delirantes le endilgan a este aristocrático señor.

Pero esta comparación no pasa de ser un vano consuelo. Lo cierto es que estamos frente a unos resultados muy pobres en un capítulo que es crucial ahora y que lo será mucho más en un escenario de posconflicto. Si la restitución no avanza hoy, en una administración de centro-derecha, ¿cómo será mañana, cuando el país haya girado a la ultraderecha y los hilos del poder estén en las avaras manos de Uribe y Vargas Lleras?