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SE PUBLICARON LOS PRIMEROS resultados del Censo Nacional Agropecuario y nadie los comentó, tal vez porque “esas lejanías”, como las llamaba bostezando Álvaro Gómez Hurtado, no le interesan a nadie. Bueno, les interesan a los campesinos, los indígenas, cuatro ONG y Alfredo Molano.
A la gente lo que le importa es quién tumbó los helicópteros, al Gobierno qué partido le puede sacar a la paz, y a la oposición cuántos votos le puede sacar a la guerra.
Aunque se sabe que allí está el origen y el escenario de la guerra, el campo nos importa un pito porque vivimos en ciudades. Y nadie sabe, ni le importa, que el 70 % de nuestros alimentos son producidos por campesinos. Y cuando queremos un toque de verde, vamos a la finca. “La Seguridad Democrática sirvió para que los ricos pudieran volver a sus fincas”, decía Alfonso López Michelsen. Es una frase injusta de este inteligente y rico señor: la Seguridad Democrática también sirvió para que millones de campesinos pobres conocieran la ciudad, o al menos los semáforos (“migrantes internos”, llama a los desplazados con elegante fórmula José Obdulio, la segunda inteligencia superior de la Nación).
Es tal el desprecio de la gente y de los Gobiernos por el campo, que este es el primer censo agropecuario serio que realizamos en 200 años de vida republicana. Lo que significa que las cacareadas legislaciones sobre la materia de 1936, 1961 y 1994, carecían de los más elementales fundamentos estadísticos. Las “reformas” agrarias de nuestra historia son mapas trazados por técnicos ciegos para el uso de campesinos muertos.
La Administración Santos, quizá la más comprometida con el tema de la tierra en la historia de Colombia, sólo puede mostrar una lista de buenas intenciones. Los pobrísimos resultados del programa de restitución de tierras y los bandazos que ha dado en los nombramientos del Incoder y el Ministerio de Agricultura, prueban que el presidente es inepto o uribista, o las dos cosas.
Si exceptuamos el apoyo a la industria cafetera, en Colombia no ha existido un solo programa gubernamental ambicioso de fomento a la producción del pequeño y mediano agricultor. En cambio, hemos tenido políticas generosas con los latifundistas, sean estos paracos, notarios, magistrados, cañicultores, palmicultores, coqueros o ganaderos. Pero aquí para la largueza de los Gobiernos. ¿Conoce usted algo similar al megaproyecto del etanol, pero dirigido al campesinado? ¿Conoce algún “modelo Carimagua” aplicado a los cultivadores de papa o cebolla? ¿Conoce algún proyecto estilo Fazenda destinado a los pequeños porcicultores?
El censo confirmó los peores cálculos sobre nuestra desastrosa realidad rural. El 73 % de los campesinos entre los 17 y los 24 años no tiene acceso a la educación. Los ganaderos tienen más de 40 millones de hectáreas, cuando sus ganados podían pastar perfectamente en 23. Colombia tiene uno de los peores Gini de tierras del mundo: ¡el 41 % de los 113 millones de hectáreas de uso agrícola está en manos del 0,4 % de propietarios! Y no todo se explica con el factor Uribe: la concentración de la tierra ha crecido de manera sostenida en los últimos 55 años, o sea que estamos ante una perversa política de Estado; o al menos ante una negligencia crónica y criminal.
Este es el cuadro de la historia rural de Colombia en el último medio siglo, y no hay signos de que vaya a mejorar a corto ni a mediano plazo.
Por esto, aunque es muy factible que en La Habana se firme la paz el próximo año, la paz de Colombia, por lo menos la que está relacionada con los problemas del campo, no se vislumbra en el horizonte.
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