Médicos y mercaderes

Después de dieciséis años de manejos irresponsables, más de doce millones de colombianos no tienen acceso al sistema, y miles que padecen enfermedades graves sobreviven gracias a tutelas y otros procedimientos aberrantes. Pero hay un lado mucho más siniestro que el hecho de haber permitido durante años los continuos abusos de farmacéuticas y EPS, o que la reforma se haya llevado a cabo a espaldas del Congreso: “Los decretos condenan a muerte a víctimas de enfermedades graves que no tienen recursos para atender su emergencia”, según lo manifestó el presidente de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales. Y la razón es, en esencia, que las decisiones médicas quedarían supeditadas a no afectar sensiblemente los costos. En últimas, serán los gerentes y no los galenos quienes decidirán sobre la salud y la vida de los pacientes.

Imaginemos un individuo que va al médico quejándose de continuos mareos durante los últimos seis meses, y de secreciones purulentas ocasionales en uno de sus oídos. El especialista considera que es preciso efectuar un TAC, aunque teme ser sancionado por formular exámenes de alto costo. La salida más fácil sería despachar al paciente con una dosis de antibióticos locales y pastillas para el mareo. Pero como es un profesional recto, y un hombre compasivo, decide ordenar la tomografía.

Durante el examen, el radiólogo observa una pequeña lesión de difícil diagnóstico que puede corresponder a algo inespecífico e inocuo, o a algo grave, como un carcinoma. Sabe que si autoriza una resonancia magnética y una biopsia, esto lo pondría en la mira de los inquisidores fiscales, y correría el riesgo de ser demandado hasta por 54 salarios mínimos. Mientras que no hacerlo podría causarle una demanda por mala práctica médica. Como no está dispuesto a arriesgar su pellejo por la salud de un extraño, opta por chutarle la pelota a otro, y le recomienda al paciente que visite a un oncólogo, quien tampoco querrá meterse en dificultades, remitiéndolo a su vez a un segundo especialista, y éste a un tercero, y a un cuarto…

Pero, demos por caso, el paciente consigue de algún modo que le practiquen una biopsia, que confirma el peor de sus temores: cáncer avanzado, y la obligación de someterse a una delicada y costosísima intervención quirúrgica. Su médico le advierte que bajo la nueva ley esa clase de operación se considera una “prestación excepcional de salud”, y deberá ser cubierta por el usuario.

Como hay urgencia, le sugiere usar sus cesantías, o recurrir al nuevo CPED, “Crédito para Enfermos Desahuciados”, una novedosa iniciativa de Bankosalud, el nuevo banco “promotor de salud” al servicio de los colombianos. Como el moribundo no dispone de suficiente dinero, después de trámites interminables y previo escrutinio de su patrimonio e ingresos, los angustiados familiares reciben por fin la aprobación del ansiado crédito; el día de su funeral.

Este ejemplo hipotético no estaría muy lejos de la realidad si los decretos de emergencia social acaban aplicándose tal cual fueron concebidos originalmente. Aunque todavía se desconocen los detalles, da la impresión de que las reuniones a las que han sido invitados representantes de la Academia de Medicina y otros comités científicos buscan informar, más que debatir, decisiones que el Gobierno está dispuesto a llevar adelante. Todo deja entrever que hay interés en reducir el cubrimiento del POS a medicina y odontología general, y a tratamientos de baja complejidad, y –lo que es gravísimo– supeditar lo que deberían ser decisiones científicas y éticas, a juicios de costo-efectividad, ajustándose a las demandas de una lógica económica cada vez más despiadada y voraz.

A pesar de los mensajes contradictorios y vacilantes del Gobierno, y la poca credibilidad que le resta a su inepto Ministro de la Protección, muchos colombianos guardan la esperanza de que se reconsideren algunos de los puntos más infames y absurdos de esta reforma, en particular aquellos que tienen que ver con la autonomía profesional de los médicos, y con la responsabilidad de garantizar el derecho fundamental a la salud sin trasladar los costos al bolsillo del usuario.

De no llevarse a cabo estas modificaciones, las reformas podría generar un escenario catastrófico donde una parte de la población gravemente enferma deberá resignarse a morir en sus casas, mientras ve cómo un puñado de mercaderes se enriquecen vendiendo planes complementarios, un lucrativo negocio que ha logrado convertir en pocos años a algunas EPS en las empresas más prósperas de Colombia.