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Las palabras importan. Generan paz, tranquilidad y alegría, cuando son bien utilizadas y se enfocan en la esperanza. Bendecir, bien-decir, declarar cosas positivas, dice la Biblia refiriéndose a los actos de obras y de fe para hacer el bien.
Eso lo debería saber el gobierno de Iván Duque, que es tan católico. Pero en un contexto de radicalización política como el colombiano, el lenguaje oficial no siempre se usa para construir. En muchos casos, detrás de la narrativa de reconciliación, unidad y paz con legalidad se esconden simplificaciones con un poder enorme para amplificar la violencia, las exclusiones, las agresiones, la ira.
También se trata de imágenes. La escena de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez poniendo a una militar a cargarle la cartera es aparentemente inofensiva, pero de fondo reproduce la lógica en la que los anónimos tienen que servirles a los elegidos y no viceversa. Esas cosas nunca pasarían en el primer mundo.
A pesar de los discursos barrocos, las simplificaciones en materia de seguridad también pueden abrirles paso a los estigmas. El presidente, el ministro de Defensa o el comisionado de Paz le echan la culpa de todos los problemas al narcotráfico, quitándole responsabilidad al Estado en cuidar la vida y deslegitimando el actuar de miles de líderes sociales. Más de 130 de ellos fueron asesinados en 2020, reporta Naciones Unidas, y pocos de ellos con evidencias de haber participado en líos de faldas o en peleas de narcos.
Otro grupo de muertos lo han puesto los excombatientes de las Farc. Desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 250. Algunos de ellos habrán traído deudas de la guerra. Otros habrán sido víctimas de venganza. Pero seguramente muchos de los asesinados habrán pagado las consecuencias de calificativos reiterados. “Narcoterroristas”, “terroristas”, “delincuentes”, son calificativos con los que el Gobierno y sus afines tienden a empaquetar a todos, absolutamente todos, los que firmaron la paz.
Las ofensas sutiles también han estado presentes en las referencias del Gobierno a la justicia transicional. Duque ha sido despectivo al decir que por parte de la JEP “hemos visto imputaciones que algunos llaman valientes”. Y burlón, al insinuar que en el caso de los falsos positivos la JEP estaba siendo pantallera: “La justicia siempre se hace grande cuando llega la verdad objetiva, incontrovertible en las sentencias, en las providencias y no en los micrófonos”, dijo.
La conclusión de los violentos al ver al presidente despotricando de instituciones de su propio Estado es riesgosa. “Si ni el presidente cree en la justicia: volvamos a la mano propia”, dirán algunos.
Finalmente, muchas de las palabras del Gobierno son inconsecuentes. Maldice de la JEP, pero la elogia cuando le conviene. Así lo hizo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando Juana Acosta, la abogada del Estado colombiano, aseguró en el caso del genocidio a la UP que “Colombia está comprometida a través de los mecanismos de justicia transicional con la reparación de las víctimas y la adopción de medidas para que estos hechos no vuelvan a ocurrir jamás”. Ahí sí. En ese escenario, el lenguaje de la reconciliación tomó vuelo y la JEP y la paz se cotizaron en millones.
Por Lariza Pizano
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