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Doris Tejada y Darío Morales cuentan que aún le siguen poniendo un puesto en la mesa a su hijo Óscar Alexánder, a quien no ven desde 2008. Saben que fue asesinado por militares en enero de ese año, pero lo seguirán esperando hasta que Medicina Legal identifique los restos. Quieren la verdad, dicen.
Esa misma verdad ha sido demostrada judicialmente en varias oportunidades. La JEP imputó crímenes de guerra y lesa humanidad al general (r) Mario Montoya y a ocho militares más por 130 falsos positivos en Antioquia. En agosto, el Consejo de Estado le ordenó al Ministerio de Defensa pedir perdón por la muerte de Javier Moreno Marín, asesinado en 2007 por el Batallón Contraguerrilla 57 en Caldas. La Comisión de la Verdad reconoció en su Informe Final la existencia de 6.402 falsos positivos, muchos aparecieron fusilados, pero sin rastros de balas en los uniformes. La reciente petición de perdón del presidente Petro y el ministro Iván Velásquez a las incansables madres de 19 falsos positivos de Soacha se hizo en respuesta a una solicitud judicial.
Pero, a pesar de la existencia de una verdad judicial y otra de a pulso, la derecha sigue saltando a la defensiva cada vez que hay una nueva revelación sobre esos crímenes. Los extremistas buscan el silencio, tal cual durante años lo hicieron los pinochetistas desconociendo los 3.200 civiles asesinados y los 1.162 desaparecidos en la dictadura, cifras que en todo caso suman menos que los falsos positivos.
A pesar de que las confesiones vienen de los mismos militares, la culebra (la del odio) está viva y se enardece en X (Twitter) cada vez que alguien dice las verdades. Hace una semana Uribe acusó salvajemente a Rodrigo Uprimny de ser “responsable moral del terrorismo” por pedir responsabilidad política ante los falsos positivos. Un año atrás había dicho que el comisionado Alejandro Valencia era irresponsable por asegurar que la desaparición de los jóvenes de Soacha se debió a una política de gobierno.
En la presidencia de Duque hubo quienes taimadamente también trabajaron por el silencio. En 2019 funcionarios y miembros del Ejército enviaron mensajes para que la revista Semana no publicara la investigación que venía haciendo Ricardo Calderón sobre los incentivos a los militares para aumentar el número de muertos en combate. Ya se conoce lo que pasó con la engavetada: a la redacción se le bajó la moral y The New York Times terminó publicando la noticia. Al poco tiempo el periodista Nick Casey, corresponsal de ese diario, tuvo que irse de Colombia por amenazas.
Aunque son pocos los ciudadanos que creen que los falsos positivos fueron una mentira, después de tanto negacionismo frente a esos crímenes, al conflicto armado y a otros temas, la pedida de perdón a las madres de Soacha es un acto histórico. En medio de una caótica gestión del día a día del gobierno, Petro ratificó lo bien que le va con los símbolos y la dignidad que puede tener un presidente cuando habla y actúa desde el Estado.
Por Lariza Pizano
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