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Que este año de campaña haya alguna certeza urbanística en Bogotá, al menos una, como la de un futuro para la séptima, sería un milagro.
Porque la séptima, a pesar de que esté grafiteada, sucia y trancada, sigue siendo referente de la ciudad. “La joya de la corona”, la llaman quienes cada cuatro años quieren hacer con ella lo que les da la gana: poner buses, quitar buses, poner tranvías, forzar un metro, todo argumentado en cientos de estudios que han costado un ojo y se han botado a la caneca.
El drama de las indecisiones recientes comenzó al final de la administración de Lucho Garzón, cuando tras los respectivos estudios de factibilidad encargó en 2007 los diseños de la Fase III de Transmilenio por El Dorado, la décima y la séptima. $23.000 millones costaron los estudios de esa fase, pero en los últimos días de su mandato el alcalde se echó para atrás y decidió no contratar la construcción de la troncal: a Samuel Moreno, su sucesor, no le gustaba la idea.
A él inicialmente se le antojó un metro, cosa que no sucedió porque los geólogos —después de otro estudio millonario— anotaron que por esa avenida no se podía abrir un hueco. Alrededor de $20.000 millones se pagaron para llegar a esa conclusión y el alcalde del carrusel optó por una troncal “liviana”.
En 2013, desde el Palacio Liévano, Petro liquidó esas intenciones y defendió la idea de un metro liviano. Al final de su gobierno metió los buses duales y los del SITP que mejoraron la movilidad de estudiantes y trabajadores, pero no implicaron urbanismo. Llegó entonces la segunda alcaldía de Peñalosa, en la que casi se logra la construcción de una troncal robusta de Transmilenio, con andenes incluidos. Hasta se compraron terrenos para los paraderos, pero llegaron las elecciones y al alcalde no le alcanzó el tiempo.
Desde su campaña, la alcaldesa Claudia López insistió en que en la séptima había que hacer un corredor verde. Esta propuesta parte del supuesto de que el transporte público es menos contaminante y más eficaz que el carro particular. Una verdad básica en el urbanismo.
Pero la historia se repite. Vecinos de las localidades más privilegiadas se oponen a cualquier intervención. Argumentan que se desvalorizarían los predios —sus predios— y que no podrán usar el carro para llegar a sus casas.
El mismo argumento ha sido usado por la “opinión” en cada intento previo de intervenir la séptima y ha hecho que los políticos en campaña prefieran oponerse a los proyectos en curso para evitarse columnas en contra y ganar elecciones. Poco interesan y poco se oyen los argumentos de quienes viven en Verbenal o San Cristóbal Norte. Se desconoce que mientras en un carro van cuatro personas en un bus van 180 y se arguye que la séptima no se puede destruir, cuando los andenes y los edificios patrimoniales les han importado un pito. El statu quo es el de la dejadez y el descuido.
La memoria urbana es fundamental y ojalá, en un año electoral, haya consensos mínimos sobre cómo reconstruirla. Aceptar que algo suceda en la séptima iría más allá de definir una obra y significaría una nueva postura de los privilegiados ante el bien general. Ese que sí debería ser “la joya de la corona”.
Por Lariza Pizano
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