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Todavía no dejan definitivamente sin energía a sus diez millones y medio de habitantes, pero el Caribe ya está a oscuras. El camino es de absoluta tiniebla en la prestación de ese servicio fundamental, en crisis hace más de una década, en la que se cuentan muertos, economías quebradas y unas malas condiciones generales de vida, que ratifican la desigualdad de la región más pobre de Colombia.
En las barbas de un país que dedica más tinta mediática y acciones estatales efectivas al problema —también importante, pero no más importante— del agua en la capital, los siete departamentos de los congresistas más votados de la Nación están a punto de quedar sin luz sin que ningún responsable haya hecho nada eficaz por evitarlo. Del presidente para abajo.
La noticia más reciente de esta tragedia humanitaria es la solicitud de intervención estatal de uno de los dos operadores privados (Air-e), una empresa rara, por decir lo menos, que parece haberse metido en un negocio solo para quejarse de lo malo que este es.
De manera sorpresiva, el Gobierno —que, en consonancia con el sesgo antiempresarial del presidente, no iba a poner ni un peso que redundara en ganancia para esas compañías— anunció que efectivamente tomará posesión de Air-e, pero sin fines de liquidación. En la práctica, eso significa que sí se va a terminar usando plata pública para intentar salvar financieramente a ese privado.
Con todo y eso, acaso sea el paso más concreto que ha dado una administración que, frente a este drama, en dos años lo único definitivo que ha hecho es hacer poco. Aunque, ha hablado mucho.
En el Caribe más de uno se sabe ya de memoria la retahíla de anuncios de Petro de reforma al modelo tarifario, incumplidos porque, al tiempo que los hace, mantiene en interinidad a la Comisión de Regulación responsable de aterrizar las decisiones. Igual con el detalle del consabido proyecto de transición energética que el mandatario presenta como solución definitiva pese a que está confirmado que es insuficiente y además se demora.
Ni hablar de la oscuridad alrededor del negocio de la operación, sobre el cual increíblemente no hay información pública completa. Mucha gente no lo sabe, pero los activos a través de los cuales se presta este servicio en el Caribe son propiedad privada hace dos décadas sin que medie un contrato con el Estado. Los operadores que entraron hace poco más de tres años responden a los derechos de petición que los términos de su adquisición de acciones son de carácter reservado y, a partir de allí, es imposible saber si se han capitalizado o el detalle de sus inversiones a la precaria infraestructura (si es que han hecho).
Este panorama de sombras lo completan los responsables políticos costeños (sí, ustedes, congresistas Mauricio Gómez, Carlos Meisel y demás miembros de la bancada Caribe) que secundaron al gobierno de Iván Duque en su perversidad de cargar a los usuarios vía tarifa el costo de pérdidas y fallas eléctricas, y ahora muy dignos salen a exigir soluciones a Petro. Que también hay que hacerlo.
Nota: Gracias infinitas a cada una de las voces solidarias y generosas que se han pronunciado a propósito de mi salida del país, acogida dentro de un programa para periodistas en riesgo. En estos tiempos en los que la promoción del odio da renta fija a tantos, es fundamental que ningún periodista que esté haciendo su trabajo se sienta solo, especialmente en las regiones, y que vivir acosados o con temor deje de ser normalizado.
Al señor presidente, que hace pocas horas volvió a arremeter contra el periodismo, un respetuoso y firme recorderis de lo que hace apenas unas semanas casi 200 periodistas le expresamos en una carta pública, aquí en esta misma columna: no le corresponde a usted decidir quién es buen o mal periodista, sino garantizar la libertad y condiciones de seguridad para ejercer nuestro deber de informar. A usted, y a todos los poderosos del Estado.
Por Laura Ardila Arrieta
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